Víctimas de abuso eclesiástico piden que se modifique una ley de 1966 que ampara a sacerdotes
Víctimas de abuso eclesiástico presentaron hoy en el Congreso de la Nación un proyecto para modificar el Concordato Papal, que rige desde 1966 entre la Argentina y el Vaticano, y denunciaron que “es utilizado por funcionarios de la Iglesia para retener documentos y pruebas”.
La modificación solicitada fue considerada como “muy importante porque generalmente la Iglesia se ampara en ese Concordato, que tiene 53 años, para no brindarnos información ni dejarnos acceder a nuestros expedientes”, dijo a Télam Julieta Añazco, víctima y fundadora de la G Iglesia Sin Abusos (ISA), que apoya la iniciativa.
La propuesta de modificación de esa norma fue encomendada por miembros de las organizaciones estadounidenses “Bishop Accountability” y “Ending clergy abuse” al abogado argentino Juan Pablo Gallego, quien encabezó la acusación al cura Julio César Grassi por abusos a menores.
“Es una reforma imprescindible para que los abusos sexuales en el clero sean juzgados sin interferencias y las víctimas gocen de las garantías judiciales necesarias”, dijo a Télam Gallego, también asesor del Senado de la Nación.
El proyecto propone que se agregue al artículo 1 del Concordato, suscripto el 10/10/1966 y aprobado por ley 17.032 del 23/11/1966, el siguiente párrafo: “El ejercicio de su jurisdicción por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el ámbito de su competencia se interpretará en armonía con los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional de la República Argentina y los Tratados Internacionales a ella incorporados”.
