Una petrolera británica reduce sus proyectos por presión internacional
Premier Oil anunció la reducción de sus proyectos en Malvinas. El anuncio se da en medio de las presiones para que ninguna compañía avance sin permiso argentino y en un contexto de baja del crudo.
“El nuevo clima de precios más bajos y nuestro compromiso de mantener una fuerte posición financiera han llevado a Premier Oil a reexaminar el plan” en el norte de las Malvinas, fue la excusa presentada por la empresa a través de un comunicado, difundido por medios internacionales.
En el mismo comunicado, la compañía informó que “Sea Lion avanzará inicialmente como un proyecto más pequeño” del que estaba previsto, aunque la compañía estima que podrá extraer 150 millones de barriles en 15 años.
Más allá de las excusas ofrecidas por la empresa petrolera para anunciar la reducción de sus proyectos en torno a las Malvinas, la diplomacia argentina relacionó la noticia con el fuerte apoyo internacional que recibió la postura de este país en torno a la disputa de soberanía con Gran Bretaña.
El titular de la secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, consideró que “la actual situación de los precios del petróleo aleja aún más las posibilidades de extracción ilegítima de petróleo del mar argentino por parte de empresas no autorizadas”.
El funcionario evaluó, en diálogo con Télam, que hay al menos otros tres motivos que pudieron haber llevado a Premier Oil a replegar sus actividades: la presión internacional, la posibilidad de exponer a sus directivos a procesos penales y los eventuales daños ambientales que podrían generar sus proyectos.
“Nuestros estudios muestran que, tanto desde el punto de vista productivo como desde el ambiental es imposible la extracción petrolera en torno a las Islas Malvinas sin apoyo continental. Ninguna compañía tendría posibilidades de atender situaciones de emergencias sin ese apoyo”, explicó Filmus.
“Muchas organizaciones ambientalistas advirtieron sobre la posibilidad de desastres ambientales si se intenta operar en la región sin apoyatura continental”, agregó.
En cuanto a las cuestiones judiciales, el ex senador remarcó que “las empresas que están operando en la zona no son de primera línea porque las leyes argentinas plantean que realizar esa actividad sin autorización se trata de un delito y ya se han iniciado procesos penales”.
Las compañías que avancen con sus proyectos, contra lo que dice la normativa vigente, asumirán “un riesgo enorme de que sus emprendimientos se paralicen por la vía judicial o de que sean procesados sus directivos”.
El secretario de Estado destacó, además, los apoyos recibidos por la postura argentina en los distintos foros internacionales, entre los que remarcó el reciente pronunciamiento de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) en favor de que este país inicie acciones legales contra quienes encaren actividades de exploración y extracción de hidrocarburos no autorizadas.
El 7 de noviembre, los Ministros de Energía de los países miembros de la OLADE aprobaron un pronunciamiento en el que reiteraron el firme respaldo a los derechos de soberanía de Argentina en la disputa sobre las islas Malvinas y su derecho a emprender acciones legales contra las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en esa región.
En ese encuentro que se realizó en El Salvador, los ministros de 27 países de América latina y el Caribe expresaron que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental en el área de las Islas Malvinas que no fueran autorizadas por Argentina contravienen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a la Argentina y el Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales en el área en disputa.
En esa misma ocasión, los ministros tomaron conocimiento de las resoluciones dictadas por la Secretaría de Energía de la Nación respecto de las empresas involucradas en actividades no autorizadas de exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios circundantes a las Islas Malvinas.
Filmus también remarcó que el plan de acciones legales que lleva adelante el Estado nacional contra dichas actividades fue respaldado por otros foros como el Mercosur, ALADI, y el Grupo de los 77 países y China.
