Trump busca restringir aún más la inmigración legal en EEUU
El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy reglas que permitirán denegar el permiso de residencia a muchos inmigrantes legales que reciben ayuda del Estado para remedios, vivienda o alimentos, en una medida que según los críticos priva de sus derechos a los más vulnerables en favor de los más pudientes.
Las leyes federales del país ya obligan a aquellos que quieren ser residentes permanentes y acceder a la condición legal, a probar que no se convertirán en una “carga pública” para el Estado, pero las nueva normativa amplía el número de programas de asistencia cuyo uso podría descalificarlos.
La medida es parte de una gran reforma del sistema nacional de inmigración que el gobierno del republicano Trump impulsa desde hace tiempo.
Mientras que hasta ahora el foco de la atención estaba en los esfuerzos para combatir la inmigración ilegal, los cambios anunciados apuntan contra aquellas personas que entraron en Estados Unidos de manera legal -para trabajar o estudiar, por ejemplo- y que buscan la residencia permanente.
Funcionarios han dicho que los cambios se inscriben en el marco de una intención más general de virar hacia un sistema inmigratorio basado en las calificaciones de los inmigrantes más bien que en los vínculos familiares que puedan tener con estadounidenses u otros extranjeros que ya residen en el país de manera legal.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) ahora sopesará no solo la cuestión de la asistencia pública sino también otras como la educación, el nivel de ingreso y la saluda para determinar si concede el estatus legal.
Las reglas comenzarán a regir a mediados de octubre. No aplican a los ciudadanos estadounidenses, incluso si el ciudadano estadounidense tiene parentesco con un inmigrante que sí esté sujeto a ellas.
El director en funciones del Uscis, Ken Cuccinelli, dijo que la nueva normativa se corresponde con el mensaje de Trump.
“Queremos ver que la gente que venga a este país sea autosuficiente”, señaló Cuccinelli en la Casa Blanca, citado por CNN.
Los inmigrantes constituyen un porcentaje pequeño de aquellos que reciben beneficios estatales. De hecho, muchos no pueden acceder a ellos debido a su estatus migratorio.
Grupos defensores de los inmigrantes criticaron fuertemente los cambios, por considerar que discriminarán a los inmigrantes de los países más pobres, mantendrán a las familias separadas y alentarán a los residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesiten para subsistir.
La asociación Centro Ley de Inmigración Nacional, de Los Ángeles, anunció que presentará una demanda legal contra la nueva regulación.
En un comunicado, el grupo calificó las reglas de intento de reestructurar el sistema inmigratorio “a fin de privar de sus derechos a las comunidades de color en favor de los ricos”.
En promedio, unas 544.000 personas solicitan por año la “tarjeta verde” (green card), es decir el documento de identidad para residentes permanentes en los Estados Unidos que no posean la nacionalidad estadounidense.
De ese total, unos 382.000 casos caen en categorías que los dejan sujetos a la aplicación de las nuevas modificaciones, según el gobierno.
Directrices en uso desde 1999 consideran una “carga pública” a aquellas personas que dependen principalmente de asistencia estatal en dinero en efectivo o apoyo estatal para una inserción social a largo plazo.
En virtud de las nuevas reglas, el Departamento de Seguridad Interior ha redefinido carga pública como alguien que “tiene más probabilidades que no” de recibir beneficios estatales durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses.
Si alguien recibe dos beneficios, se contará como dos meses.
Estos beneficios se han ampliado a asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos, entre otros.
La nueva medida, sin embargo, no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos.
