Tras detectar irregularidades masivas, el Gobierno auditará más de un millón de pensiones por invalidez
El gobierno nacional auditará más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral, tras detectar en una auditoría que el 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos establecidos.
La medida será llevada a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad junto al PAMI para chequear que se respeten los criterios de selección. En la última auditoria, realizada en diciembre de 2024, se detectó que la gran mayoría de los beneficiarios no padecía la afección que decía tener. Por ese motivo, se dieron de baja 212 pensiones que eran cobradas por presos desde las cárceles y 150 por fallecidos.
Esta auditoría se enmarca en el plan del gobierno de extremar los controles sobre las prestaciones que otorga el Estado, como la actualización de las condiciones para determinar la invalidez laboral que se publicó el jueves en el Boletín Oficial.
En los argumentos, el Ejecutivo explicó que “la normativa está nutrida de los baremos previamente confeccionados por expertos en medicina legal-laboral y en cada una de las especialidades y conocimiento de campo tanto en la valoración pericial del daño como en la evaluación de las condiciones de salud de los solicitantes de pensiones no contributivas, a lo largo de todo el país”.
En el baremo se presentó una serie de apartados que evalúan “cualitativamente” el grado de deterioro psicofísico según la condición. “La presente normativa permite contar con una clasificación para cada aparato o sistema, de los distintos grupos de afecciones psicofísicas según sean causales de incapacidad laboral suficiente para el otorgamiento del beneficio, evaluable, baja o nula”, señalaron desde el gobierno.
En una primera etapa, los organismos encargados de la tarea realizarán un análisis exhaustivo de la situación de cada pensionado y se hará una evaluación en territorio por médicos del PAMI. Es decir, los profesionales llevarán adelante entrevistas y controles presenciales en todo el país.
Luego se procesará toda la información para constatar cuál es la situación de cada beneficiario y si cumplen o no con los requisitos para obtener el beneficio.
Finalmente, la ANDIS y el PAMI emitirán los dictámenes que determinarán si corresponde suspender o mantener la pensión.
