Submarino: el temor a las condenas desató en la Armada un grave cruce de acusaciones internas
La desaparición del submarino ARA San Juan provocó un cisma entre los oficiales de más alta graduación de la Armada, algunos de los cuales temen terminar en el banquillo de los acusados en un juicio oral como ocurrió tras las tragedias de Once y de Cromagnon.
Esas acusaciones cruzadas fueron volcadas en documentos calificados de “secretos” o “confidenciales”, cuyas copias obtuvo LA NACION. Aparecen en ellos versiones encontradas y denuncias mutuas por supuesta negligencia en la gestión de la crisis por la pérdida del submarino, hace 40 días. Además, incluyen desde cuestionamientos por la aparente adulteración de actas y filtraciones de comunicaciones hasta la supuesta intervención de teléfonos para eliminar mensajes enviados o recibidos por WhatsApp.
En esos documentos aparece, además, la inquietud acerca de quién filtró el mensaje “secreto” del San Juan, del 15 de noviembre, que alertó sobre el ingreso de agua en el tanque de baterías y un “principio de incendio”.
Para algunos, fueron suboficiales de Mar del Plata; para otros, laderos del entonces jefe de la Armada en Buenos Aires, el almirante Marcelo Srur.
Pero todos creen que por la misma razón: porque se temía un encubrimiento de lo que pasó con el submarino y quiénes son los responsables de las 44 muertes.
Dos oficiales quedaron en particular bajo la lupa. Son el comandante de Adiestramiento y Alistamiento -el virtual número tres de la Armada, con asiento en la base naval de Puerto Belgrano-, el contraalmirante Luis López Mazzeo, y el comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide, máximo jefe de la base naval de Mar del Plata y superior directo del jefe del ARA San Juan.
Ambos, López Mazzeo y Villamide, continúan dentro de la Armada, pero suspendidos y acusados de dos faltas disciplinarias gravísimas -arriesgar a la tropa y negligencia en el servicio- que pueden causar hasta su destitución, según surge de la resolución “confidencial” 168/17, del 7 de este mes, a la que accedió LA NACION.
Firmada por el almirante Srur, esa resolución consideró prima facie responsables a López Mazzeo y Villamide de “arriesgar la integridad física de sus subordinados sin necesidad evidente y por actuar con negligencia/imprudencia notoria y grave al no impedir que el submarino ARA San Juan navegase con posterior a las severas anomalías detectadas” en inspecciones previas al viaje.
¿Qué anomalías? Según reconstruyó la Auditoría de la Armada, tanto el inspector general de la propia fuerza como el comandante del submarino, Pedro Fernández, habían informado sobre problemas y materiales faltantes en el submarino que no se subsanaron antes de su último y trágico viaje.
“Esa falta de control y supervisión de ambas autoridades navales”, estimó Srur al suspender a sus subordinados, habría causado “presumiblemente, la pérdida de contacto definitivo” con el submarino. Es decir, la tragedia.
Lejos de encaminar la situación, sin embargo, esa resolución provocó una fuerte tensión dentro de la Armada.
López Mazzeo y Villamide recusaron a Srur, lo denunciaron por el delito de prevaricato -es decir, el presunto dictado de una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta o contraria a la ley- y apelaron sus suspensiones.
“La emisión de la resolución dictada por la autoridad [por Srur] constituye por sus omisiones, su apresuramiento, su parcialidad, su falta de fundamentos técnicos y de opiniones especializadas, un auténtico prevaricato”, replicó López Mazzeo en un escrito que presentó ante la Armada y cuya copia también obtuvo LA NACION.
No sólo eso. Mientras Srur les comunicaba su suspensión a López Mazzeo y Villamide, al menos cuatro oficiales superiores de la Armada decidieron pedir su retiro para no convalidar con su silencio esa resolución: los comandantes de la Flota, de la Aviación Naval, de la Infantería de Marina y el jefe de Mantenimiento y Arsenales.
Ante esa reacción, Srur habría vuelto sobre sus pasos y le comunicó a López Mazzeo que quedaba “sin efecto” su suspensión y la de Villamide, pero planteó que también esos cuatro oficiales debían retirar sus pedidos de retiro.
“Estamos todos nerviosos”, se habría excusado el entonces jefe de la Armada en la madrugada del viernes 8 de este mes, según consta en el escrito que presentó López Mazzeo.
Transcurrido el fin de semana, sin embargo, Srur reafirmó su primera decisión el lunes 11 y la Armada suspendió a López Mazzeo y Villamide, mientras que los otros cuatro oficiales se marcharon a sus casas. Pero el jefe de la Armada también comenzaba a tener sus días contados.
Para Srur, Pedro Fernández tenía autonomía como comandante del submarino para tomar múltiples decisiones, pero también había alertado sobre los “riesgos” para el San Juan de participar en patrulla de control de la pesca ilegal -misión que no se habría reportado a Buenos Aires-, como también reportó que los salvavidas y canisters para regeneración de aire del sumergible se encontraban vencidos y que no había candelas suficientes si se producía una emergencia a bordo.
Para López Mazzeo y Villamide, por el contrario, Fernández tomó la decisión de continuar hacia Mar del Plata tras reportar la “avería” aun cuando se le ofreció ir a un puerto más cercano, desviarse a aguas menos profundas y ser escoltado, además de descalificar la resolución de Srur por, entre otros motivos, utilizar observaciones hechas sobre el submarino Salta como si fueran sobre el San Juan para imputarles responsabilidades.
“Navegar con equipos antiguos o soportar carencias o restricciones presupuestarias no significa que nuestros hombres zarpen sin las condiciones de seguridad náutica correspondientes ni que algún tripulante o técnico sostenga que se encuentra en buen estado un material o elemento que no lo está”, replicó López Mazzeo en su impugnación.
También defendió a toda la dotación del submarino, incluido su comandante Fernández. “No puede hoy defenderse”, sostuvo, cuando parece que buscan responsabilizarlo “de un acontecimiento que todavía no sabemos cómo ni porqué ocurrió”.
Así, mientras Fernández corre el riesgo de seguir los pasos del motorman en la investigación penal que siguió a la tragedia de Once, el resto del escalafón de la Armada pugna por defender su propio rol. Porque todos ellos temen terminar tras las rejas.
