Río Turbio: el juez llamó a indagatoria a De Vido y le prohibió salir del país
La medida incluye a Baratta y a otros 34 acusados por el fiscal Stornelli.
El juez Luis Rodríguez llamó a indagatoria a Julio De Vido en la causa donde se lo acusa de malversación de fondos por $ 26.000 millones, dinero que durante el gobierno kirchnerista debía destinarse a la modernización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El desvío de fondos en perjuicio del Estado se estimó en casi 265 millones de pesos.
El llamado a indagatoria incluye a 36 personas más imputadas en la causa, entre ellas a Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro de Planificación Federal. Además, ordenó la prohibición de salida del país para todos.
Para los 36 imputados en la causa, entre ellos Julio De Vido, a Roberto Baratta ex secretario de Coordinación y al ex responsable de minería, Jorge Mayoral, entre otros ex directivos de YCRT, el juez ordenó la prohibición de salida del país y que entreguen sus pasaportes en el juzgado donde además, deberán presentarse una vez al mes. Así, rechazó el pedido de detención al considerar que existen “otras medidas menos gravosas que el encierro preventivo”.
La ronda de indagatorias inicia el 3 de octubre con la indagatoria a Jaime Álvarez, ex funcionario de Planificación Federal y actual ministro de Alicia Kirchner en Santa Cruz. El último en presentarse ante el juez Rodríguez será Julio De Vido el 28 de noviembre.
En la causa se investiga la malversación de 26.000 millones de pesos que el extinto ministerio de Planificación destinó durante el gobierno kirchnerista hacia YCRT. El desvío de fondos en perjuicio del erario público, se calcula en 265 millones de pesos.
Los fondos incluían los planes de modernización de la mina de Río Turbio, como también la construcción de la Usina Térmica que según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) determinó que tuvo once modificaciones de costo incrementando su valor en un 98%. También se agregó la puesta en valor de un tren por casi 443 millones de pesos, obra que nunca se terminó y se pagó parcialmente.
En la denuncia inicial, se planteó que el estado del complejo minero es “incompatible con la multiplicidad de obras que, desdobladas y tercerizadas para sortear los diversos controles en materia de contratación, aparecen documentadas y abonadas por el Estado Nacional a través de la cartera ministerial respectiva”.
