Revocan los procesamientos de Cristóbal López y Fabián de Sousa por presunto lavado de activos
La Cámara en lo Criminal Federal revocó hoy el procesamiento con multimillonarios embargos y prisión preventiva a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, por presunto lavado de activos en la compra de dos inmuebles en el barrio norte de esta capital, revelaron fuentes judiciales.
La Sala I de la Cámara revocó también los procesamientos que, por ese presunto delito el juez federal Claudio Bonadio les había dictado a Osvaldo Manuel De Sousa, Osvaldo José Sanfelice, Mauro Ismael Sánchez y Alberto Oscar Leiva.
El tribunal dictó la “falta de mérito” porque consideró que los elementos de pruebas eran insuficientes para demostrar el origen ilícito de los fondos, 850.000 dólares en efectivo, utilizados para adquirir dos unidades en los pisos 1 y 4 del edificio de Juncal 1.409/11, en el que también es propietaria la vicepresidenta electa Cristina Fernández.
Los inmuebles habían sido adquiridos a fines de 2010 y principios de 2011, por Osvaldo Manuel De Sousa, quien fuera presidente de la constructora CPC S.A., perteneciente al Grupo Indalo, de Cristóbal López.
Sánchez y Leiva ocuparon esos inmuebles, que en 2014 aparecen como vendidos a López y a Fabián De Sousa.
Bonadio había considerado que los departamentos pudieron haber sido pagados con fondos provenientes de los bolsos que el ex secretario presidencial de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz (ambos fallecidos) transportaba con dinero recaudado por la cartelización de la obra pública y subsidios del Ministerio de Planificación Federal.
Para el juez, los imputados habían puesto en circulación en el mercado parte del dinero ilegal proveniente de los ilícitos perpetrados por la asociación ilícita que, comandada por Kirchner y Fernández, desarrolló sus actividades desde principios del 2003 hasta el 2015, organizando un sistema de recaudación de fondos, aprovechando la posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional de sus miembros.
La defensa de Osvaldo De Sousa sostuvo, en cambio, que éste disponía de ese dinero por el cobro de un anticipo de honorarios –una cantidad de dinero superior al valor de la compra- por parte de CPC S.A y los departamentos fueron luego entregados a López como parte de una operación compleja por su desvinculación del Grupo Indalo.
La Sala I de la Cámara evaluó que en la adquisición de los inmuebles “a diferencia de otros supuestos analizados, donde las circunstancias particulares de los negocios examinados denotaban una operatoria anormal (o cuanto menos, inusual), en este caso no son las compras de inmuebles en sí mismas las que alimentan la hipótesis delictiva pesquisada, sino el contexto que rodea a dichas operaciones”.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi evaluaron que “la sospecha de que el dinero empleado en la adquisición de esos inmuebles” podría provenir de la estructura de recaudación ilegal montada desde la máxima jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015, “responde principalmente a la circunstancia de que en el mismo edificio” está el departamento del matrimonio presidencial.
