Requieren investigar si hubo irregularidades en la declaración del arrepentido del caso Ciccone
La fiscal federal Paloma Ochoa requirió hoy que se investigue si hubo irregularidades detrás de la declaración como arrepentido de Alejandro Vandenbroele, en el marco del llamado Caso Ciccone por el que fue condenado el ex vicepresidente Amado Boudou, informaron fuentes judiciales.
La fiscal presentó el requerimiento ante el juzgado federal 11, ahora a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, aunque sostuvo que a su criterio corresponde que el hecho sea investigado por el juez Ariel Lijo, en cuyo juzgado tramita la causa en la cual Vandenbroele se acogió al régimen del arrepentido.
La fiscalía consideró que los hechos relatados -el supuesto pago al imputado colaborador para direccionar su declaración- habrían tenido lugar con motivo de las medidas de protección especiales otorgadas a Vandenbroele luego de que este se acogiera al régimen de arrepentido por lo que se torna “imperativo declarar la conexidad”, según las fuentes judiciales.
El juez Lijo fue quien se hizo eco de la publicación periodística que dio cuenta del supuesto pago que recibió Vandenbroele tras su declaración como arrepentido y, tras incorporarlo al expediente del caso conocido como Ciccone II que tramita en su juzgado, envió el tema a sorteo para que se investigue.
Para la fiscal Ochoa, para poder llevar adelante la investigación corresponde acceder al legajo de Vandenbroele algo que, de acuerdo al artículo 9 bis de la ley de protección de testigos -introducido por decreto de necesidad y urgencia en noviembre del año pasado-, solo podrán hacer quienes intervengan en las causas judiciales en las que se dispuso la protección.
“Los funcionarios y demás agentes de la Agencia Nacional de Protección de Testigos mantendrán bajo estricta reserva los legajos de los casos y sólo tendrán obligación de brindar información a las autoridades que intervengan en los procesos judiciales en los que se dispuso la protección de las personas”, sostiene el artículo invocado.
Ahora el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi deberá decidir ahora si hace lugar al planteo de la fiscalía en cuanto a la conexidad de la causa con el expediente que tramita en el juzgado de Lijo y si se trabara una cuestión de competencia será la Cámara Federal la encargada de asignarle al caso un tribunal.
El sumario se inició el 6 de febrero a partir de la extracción de testimonios realizada por Lijo y enviada a sorteo, en relación a una nota publicada por el portal de noticias El Destape titulada “El macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, arrepentido clave para condenar a Amado Boudou”.
La nota invocada en el requerimiento de instrucción fiscal incluía documentación que acreditaba que el arrepentido había solicitado 1.500.000 pesos al Programa de protección de Testigos, que depende del Ministerio de Justicia, para un emprendimiento productivo -un hotel boutique en Mendoza- y que había recibido parte del dinero solicitado.
Del requerimiento de instrucción se desprende que corresponde investigar si el legajo de Vandenbroele funcionó como plataforma de un hecho ilícito, para que perjudicara con su declaración al ex vicepresidente Boudou.
El ex vicepresidente fue condenado en agosto de 2018 a cinco años y 10 meses de prisión, acusado de haberse quedado con la calcográfica Ciccone a través de testaferros y el fallo se encuentra cuestionado por su defensa ante la Corte Suprema de Justicia.
El testimonio clave de ese juicio fue el del arrepentido Vandenbroele, que intervino en la compra de Ciccone, quien dijo que detrás de esa operación estuvo el ex vicepresidente a través de su socio José María Nuñez Carmona.
