Reforma laboral: la CGT acercará a la Presidente su propuesta
La central sindical que lidera Antonio Caló llevará sus demandas a Cristina Kirchner, entre las que se encuentra una mayor participación en la condución del PAMI, la Anses y la Superintendencia de Seguros de Salud.
Una reunión con la Presidenta antes de fin de año es el regalo de Navidad que pretendía la CGToficialista. Y todo parece indicar que el deseo se verá cumplido. De no mediar algún imprevisto de última hora, la mesa chica de la central que comanda el metalúrgico Antonio Caló tendrá el lunes la posibilidad de hacerle reverencias a la doctora Kirchner. La idea del encuentro, que se haría en la Casa Rosada, es que el sindicalismo disciplinado salude por las Fiestas a la mandataria, a la que prometen agradecerle especialmente su intervención para que los aguinaldos de este mes quedaran eximidos de pagar Ganancias.
La visita fue gestionada por el dirigente de la Construcción, Gerardo Martínez, de la Uocra, en una nueva demostración de su capacidad de llegada con Cristina. En cualquier caso, la delegación sindical que se prepara para ir a rendir honores a la calle Balcarce mantiene la no tan secreta esperanza de que la movida sea algo más que un besamanos de fin de año. La CGT K aspira concretamente a que la reunión de lugar para acordar con la Presidenta una “acción programática” que les permita tener voz y voto en la reforma laboral que se habría impuesto el Gobierno para 2015, su último año en el poder.
Voceros de la central kirchnerista aseguran desconocer la profundidad de los cambios todavía en fase de estudio. De lo que están seguros en cambio es de lo que ellos quieren, cuando plantean una normalización de la seguridad social o una reforma impositiva integral, que aligere las cargas de aquellos que perciben sueldos con poda impositiva.
Adelantándose a una discusión que todavía está verde, Caló y los suyos quieren plantear desde el vamos la necesidad de democratizar algunos organismos públicos como la obra social de los jubilados (la más grande del sistema), la Anses o la misma Superintendencia de Servicios de Salud. Se refieren a normalizar la conducción de esos espacios, constituyendo sus respectivos consejos consultivos, en los que además de representantes del Estado, la ley estipula que haya delegados de los trabajadores.
El argumento está en línea con la manifiesta “obligación moral” de derogar toda aquella legislación laboral -que sigue vigente- de la última dictadura militar, como planteó días atrás el diputado y presidente de la Comisión de Legislación Laboral de ese cuerpo, Héctor Recalde, al adelantar una puntita de las enmiendas que el oficialismo analiza.
Pese a algunas tibias desmentidas, el Gobierno de Cristina no se querría ir del poder sin antes dejar su impronta en el mundo del trabajo. Se habla de una todavía imprecisa reforma de la Ley de Contrato de Trabajo que ya puso en guardia a los empresarios.
Se entiende por qué: inclusión de los empleados en el reparto de utilidades, extensión de licencias por embarazo y paternidad, incremento de la indemnización y la formación de comités mixtos de seguridad e higiene dentro de las compañías son algunos de los puntos que se echaron a correr. Se vería así coronada la jugada de sepultar cualquier normativa inspirada en la temida flexibilidad laboral impuesta durante la década menemista.
“No serán leyes antiempresa, tampoco hay iniciativas para hacer más caro el despido”, salió a aclarar Recalde, atajándose de las críticas de sectores empresarios que por las dudas prefieren curarse en salud. Con todo, el otrora asesor legal de Saúl Ubaldini y de Hugo Moyano no se resigna a ver caído el proyecto de su autoría que, al momento de su presentación, causara tanto revuelo: el que obliga a las empresas a repartir las utilidades con los trabajadores. “Ya tiene estado parlamentario”, avisó el abogado.
Mientras, desde Trabajo buscan bajar el precio de lo que se traen entre manos. Apenas si reconocen que se buscará “sólo emprolijar la legislación en vigencia”. Tampoco va a permitir así nomás Carlos Tomada, ministro de Trabajo, que sea Recalde y no él quien baje la línea de una eventual reforma del Código laboral.
Junto a Caló y Gerardo Martínez concurrirán a la Rosada el estatal Andrés Rodríguez, el taxista Omar Viviani, el mercantil Armando Cavalieri, el ferroviario Sergio Sasia, el mecánico Ricardo Pignanelli y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias. También van a plantear amablemente el tema de la inflación y su repercusión en las próximas paritarias.
La visita a la Presidenta vino a coincidir con el día que tenía previsto Moyano y los suyos para fotografiarse en público con los sindicalistas kirchneristas que negocian por la unidad del sindicalismo en 2015. “La discusión por los bonos de fin de año alteró un poco los planes, pero el tema de la unidad ya es un hecho”, dijo Gerardo Martínez a este medio, sobre un tema que hasta acá trajo más ruido que nueces.
El lunes también habrá actividad en el despacho del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Pero en su caso no será un encuentro despojado de tensiones. Todo lo contrario, se prevé una reunión a cara de perro con los metrodelegados del Subte, que se quedaron con las ganas de realizar una compulsa en el sector, días atrás, para ver sin son ellos o el gremio de los colectiveros (UTA) los que cuentan con más afiliados propios.
“La UTA va a jugarse todo a dilatar el proceso, quieren ganar tiempo a ver si llegan hasta el próximo gobierno con la cuestión irresuelta”, dijo a Infobae Beto Pianelli, líder de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, que hace años busca independizarse de la organización que comanda el chofer Roberto Fernández, quien entre los suyos sabe decir que el subte “es, fue y será de la UTA”.
Los metrodelegados buscarán demostrarle al Gobierno que actuó en forma improcedente al elevar a Cámara una protesta de la UTA cuando todavía no se había hecho el cotejo estipulado. “Vamos a demostrar que fuimos víctimas de una artimaña”, dijo Pianelli, hablando de los colectiveros.
Con todo, descartó medidas de fuerza en lo inmediato que respondan a este contencioso. Habla sí de movilizaciones y de una campaña de concientización para mantener el tema en pie.
