Quedará constituida hoy la Comisión Legislativa que investigará el caso HSBC
La investigación se centrará -entre otras cuestiones- en las 4.000 cuentas abiertas por contribuyentes argentinos -personas físicas y empresas- que no fueron declaradas ante el fisco, por un monto estimado en alrededor de 3.500 millones de dólares.
Esta comisión fue creada por ley en diciembre último, a la luz de la denuncia realizada por la AFIP, y estará integrado por cinco diputados y cinco senadores, y efectuará su primera reunión este miércoles a las 16, en la que se elegirá presidente al kirchnerista porteño Roberto Feletti.
En ese encuentro, anticipó Feletti, se diagramará el esquema de trabajo con citaciones a expertos, autoridades del Banco Central, de la Comisión de Valores, y se “va a dar a conocer los nombres de los propietarios de estas cuentas”.
La comisión investigar’a la denuncia de la AFIP sobre las maniobras realizadas por el banco HSBC de habilitar la apertura de cuentas no declaradas ante el fisco, en una causa que figura en la justicia con la caratula de presunto acto de evasión y fuga de divisas.
Integrarán este grupo legislativo por la Cámara de Diputados, además de Feletti, los kirchneristas Carlos Heller (Nuevo Encuentro) y Luis Cicogna, el radical formoseño Ricardo Buryaile, y un legislador del Frente Renovador, Marcelo D’Alessandro.
Por el Senado conformarán esa comisión el salteño Rodolfo Urtubey, el santacruceño Pablo González, y la formoseña Graciela de la Rosa, y dos representantes de la oposición, que serán el radical Mario Cimadevilla, y un integrante del justicialismo opositor o del Frente Amplio Progresista.
La denuncia realizada por la AFIP tuvo un amplia repercusión internacional a tal punto que el titular de la dependencia oficial, Ricardo Echegaray, participó en Londres de una audiencia celebrada por la Comisión de
Cuentas Públicas de la Cámara de Comunes del Parlamento Británico, en un encuentro que contó con la presencia de autoridades a nivel global del banco cuestionado.
En ese marco, Echagaray reclamó que vuelvan al país los 3.500 millones de dólares fugados a través de esas maniobras delictivas.
Feletti aseguró que en el primer encuentro que se efectuará el miércoles a las 16, se diagramará entre el oficialismo y la oposición el esquema de trabajo para determinar el sistema de operación para la evasión fiscal por un monto de 68000 millones de pesos.
En ese sentido, el legislador anticipó además, que “se citará a banqueros, expertos, organismos de control, al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, para así poder evaluar si hubo un ‘modus operandi’ extendido a la banca extranjera para producir salida de capitales indebidos sobre una base de una red de sucursales montada en la Argentina”.
“Un banco extranjero que tiene la autorización para operar en la Argentina tiene las mismas condiciones que un banco nacional y si ese banco extranjero monta una red de sucursales para ahorro de los argentinos y luego, deslealmente con el país en el que está, deriva esos ahorros al exterior, y encima con evasión fiscal, fuga de capitales es primordial hacer una revisión de las normativas hoy vigentes al respecto”, agregó.
El legislador recordó que la Comisión Bicameral será “pluripartidaria y que su objetivo inicial es relevar sobre los informes de la AFIP en torno al comportamiento del HSBC.
En ese marco, el economista kirchnerista señaló que “la ley prevé el levantamiento del secreto fiscal y del secreto bancario; yo he sido redactor de ese proyecto de ley junto a otros diputados y allí dice específicamente que para los hechos que investiga esta comisión, no rige el secreto bancario ni el fiscal”.
Feletti recordó en un comunicado que “son cuentas que arrancan en los años 2006, 2007, 2008 y tienen que ver con una acción que ocurre en Francia inicialmente por filtración de información del HSBC”.
“La AFIP determinó una evasión fiscal de 68.000 millones de pesos. Hoy el bache fiscal de la Argentina es de 38.000 millones de pesos. Si no se hubiera fugado toda esa plata hoy no tendríamos bache fiscal”, concluyó.
Esta comisión investigadora tendrá un plazo de 90 días y prorrogables por otros tres meses para realizar su tarea y proponer cambios en las leyes para impedir que se puedan realizar maniobras ilegales que le provocaron al país una fuga de capitales por 3.500 millones de dólares.
