Proponen revisar el uso extendido de la prisión preventiva y el encierro de mujeres con hijos
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) propuso revisar el uso extendido de la prisión preventiva y el criterio de encierro de mujeres con hijos para reducir la superpoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires, informó hoy el organismo.
El planteo lo concretó al participar ayer de la segunda reunión de la mesa interinstitucional impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires para trabajar sobre la grave crisis humanitaria en cárceles bonaerenses.
La CPM presentó en esta segunda mesa un informe sobre la evolución de la tasa de prisionización y sobrepoblación en los últimos años.
“Los datos estadísticos, que surgen de las propias tareas de monitoreo y control de los lugares de encierro, aportan información para la discusión del problema y confirman el diagnóstico de grave crisis humanitaria que se atraviesa”, precisó el comunicado.
El organismo remarcó el uso extendido de la prisión preventiva, es decir, detenidos sin condena en casos de delitos con pena de expectativa baja.
A esto se agrega el escaso uso de medidas alternativas a la prisión o morigeraciones que, por lo general, no suelen ser acogidas en los juzgados de ejecución penal y también se señalaron los déficits de los informes criminológicos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que deben ser abordados para su revisión.
“Entre las poblaciones particularmente vulnerables, la CPM sostuvo la necesidad de revisar los criterios de encierro en el caso de las mujeres o madres con hijos o hijas en la cárcel. También señaló considerar el arresto domiciliario para los sobrevivientes de las masacres de Pergamino y Esteban Echeverría, dos casos con múltiples muertes en comisarías”, detalló el organismo.
La CPM sostuvo la necesidad de incorporar en la mesa al Ministerio de Seguridad y el análisis del accionar policial en los territorios, ya que considera que “aliviar la situación de sobrepoblación en las cárceles requiere de reformas estructurales y para ello resulta necesario revertir la política criminal de persecución y sobre-encarcelamiento de los eslabones más débiles del delito”.
