Procesaron al exsecretario de Finanzas de Macri por irregularidades en colocación de deuda pública
El exsecretario de Finanzas Santiago Bausili, integrante del gobierno de Cambiemos, fue procesado hoy por “negociaciones incompatibles con la función pública” por participar de la contratación del Deustche Bank como intermediario en la colocación de deuda pública pese a que había trabajado en esa entidad bancaria hasta poco antes de asumir en la función estatal.
El procesamiento, sin prisión preventiva, fue dictado por el juez federal Sebastián Casanello, quien además ordenó trabarle un embargo hasta cubrir la suma de 10 millones de pesos, según surge del fallo al que accedió Télam.
El exsecretario de Finanzas “prestó conformidad para que, entre otras cosas, el Deutsche Bank, entidad de la cual él tenía acciones y otras por recibir, fuese designado como banco colocador y reciba, por ello, un 0,12% del monto colocado, recuérdese nuevamente las cifras: 7 mil millones de dólares”, dijo Casanello.
“El rol ocupado por Bausili excedía el marco formal -al momento de tomar decisiones- de nexo administrativo entre el órgano coordinador y el rector, tal como fuera deslizado por la defensa. En efecto, el nombrado comentó que tenía reuniones constantemente con (Luis) Caputo y que allí debatían las condiciones que debían presentar los bancos para ser elegidos”, repasó el magistrado.
Del expediente judicial surge que Bausili se desvinculó del Deustche Bank en 2016 y lo sobrevivió, hasta 2018, un plan de pagos acordado entre el encartado y el banco por su desempeño en años anteriores a su despido.
“Al considerar la relación laboral y que el Deutsche Bank tuvo obligaciones pecuniarias con Bausili que finalizaron dos años después de su nombramiento en la función pública -conforme lo establece la ley de ética pública-, éste debió abstenerse de intervenir en todos los asuntos que tuvieran vinculación con esa empresa por al menos tres años”, remarcó Casanello.
En ese sentido, y tal como había señalado el fiscal Federico Delgado al requerir la indagatoria del exfuncionario, el juez sostuvo que “se vislumbra, con meridiana claridad, que Bausili no podía intervenir en ningún asunto relacionado o vinculado a su ex empleador hasta septiembre de 2021”, por lo que remató: “En otras palabras, todas las acciones llevadas a cabo por el nombrado, en ese período, se encontraban prohibidas por ley”.
La prueba reunida en el expediente “demuestra el desapego por parte de Bausili de los altos estándares de ética y transparencia que su rol le exigía. El caso bajo análisis excede un mero conflicto de interés. El nombrado conocía desde su ingreso a la función pública que tenía vedada la intervención en actos vinculados con el Deutsche Bank”, añadió el juez.
En concreto, se le endilgó al exfuncionario “haberse interesado, en miras a la obtención de un beneficio propio y de terceros, mientras se desempeñaba, en primer lugar, como Subsecretario de la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, y luego como Secretario de Finanzas del Ministerio de Finanzas Públicas de la Nación (posteriormente la secretaría quedó bajo la órbita del Ministerio de Hacienda de la Nación), en los procesos administrativos de designación y pago de los bancos que intervinieron en la colocación de los títulos de deuda pública”.
Esos títulos, recordó, fueron “emitidos por el Estado argentino (en el marco de la reestructuración de la deuda pública -ley 27.249-), entre los cuales se encontraba postulado el Deutsche Bank”.
El actuar interesado del imputado, dijo, “nace a partir del estrecho vínculo que lo unía a esa firma”: fue director del área Latin American DCM en Treasury Solutions de ese banco (entre los años 2007 y 2016) y tenía acciones de dicha compañía. El 31 de enero de 2016, al desvincularse del Deutsche Bank, recibió en cuotas un total de 13.025 acciones de la entidad, con un valor nominal en la bolsa de Nueva York de U$S 13.80 cada una, que terminó de cobrar en el mes de septiembre del año 2018.
El Deutsche Bank fue elegido de manera directa para intervenir en los pagos acordados en el llamado “Megacanje II”, según había definido el fiscal Delgado al referirse a la colocación de deuda pública para pagar a los fondos buitre durante el gobierno de Macri.
