Pidieron en Diputados que se penalicen a conductores que corren “picadas”
La Asociación Civil Madres del Dolor, Noemí Contreras, madre de Tahiel Contreras, atropellado en una picada, y abogados pidieron en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados que se avance en un proyecto para modificar el Código Penal y penalizar la conducción imprudente de vehículos, en particular para imponer penas específicas en el caso de carreras ilegales conocidas como “picadas”.
La representante del colectivo Madres del Dolor e integrante del Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados, Viviam Perrone expresó “con estos proyectos queremos salvar vidas y evitar que otras personas estén en nuestro lugar”.
“Las muertes viales son una muerte por goteo. Todos los días mueren entre 15 y 20 personas, son todos hechos evitables y prevenibles, entre 15 y 20 familias que quedan destruidas en la Argentina”, agregó.
En tanto, Natalio Nicodemo, abogado de las víctimas explicó por qué en la práctica serían importantes estas reformas ya que si se aumentan “las penas podría ser disuasivo en este tipo de delito. En Tribunales vamos a juicio oral y quizás el asesino se va con una pena en suspenso sabiendo que podía matar, que terminó matando, y muchas veces se va a la casa, esto es lo que pasa con las víctimas”.
Las penas que se contemplan
Entre los proyectos que buscan penalizar las carreras ilegales se encuentra una iniciativa de la diputada del PRO María Luján Rey, que establece que “será reprimido con prisión de 9 meses a 4 años e inhabilitación especial para conducir por el triple del tiempo de la condena, el conductor que participare en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente”.
A través del texto, se establece que “la misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare dicha conducta, y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo con motor de su propiedad o confiado a su custodia, con conocimiento que será utilizado para ese fin”.
Asimismo, la iniciativa precisa que “si las conductas descritas fueran llevadas a cabo en una zona urbana, serán reprimidas con prisión de 2 a 5 años, e inhabilitación especial para conducir por el triple del tiempo de la condena”.
