Organizaciones reclaman la “liberación de Belén” tras el fallo de la Corte tucumana
SE TRATA DE LA JOVEN QUE LLEVA MÁS DE DOS AÑOS PRESA TRAS SER CONDENADA POR HOMICIDIO CULPOSO “A PESAR DE QUE SU HISTORIA CLÍNICA CONSIGNÓ UN ABORTO ESPONTÁNEO”.
Once organizaciones de Mujeres, de Derechos Humanos, de juristas, así como legisladores reclamaron hoy a través de un comunicado “que se respete el fallo de la Corte Suprema de Tucumán y se disponga la inmediata liberación de Belén”, la joven tucumana que lleva más de dos años presa tras ser condenada por homicidio culposo “a pesar de que su historia clínica consignó un aborto espontáneo”.
“La Corte Suprema tucumana dispuso la liberación de Belén, gracias a los oficios de su abogada Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir. Sin embargo, luego de más de 24 horas de la medida, continúa detenida”, dice el texto que firman, entre otros, Amnistía Internacional, el CELS y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“Queremos llamar la atención sobre la facilidad con que una muchacha pobre puede pasar del hospital a una cárcel y la dificultad que toma salir del sistema penal”, agregaron.
El comunicado pertenece también a Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales (ANDHES), la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asociación Pensamiento Penal, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Innocence Project Argentina y diputados del Partido Obrero (Bloque Frente de Izquierda) y la Asociación Personal de Empleados Legislativos (APEL).
Las agrupaciones denunciaron que durante los “900 días” en que Belén estuvo detenida con prisión preventiva hasta el fallo condenatorio de abril de este año y los días de prisión que siguieron desde entonces, “fue despojada de derechos y sometida a distintas violencias por parte del Estado”.
“Las organizaciones que nos presentamos como amigos del tribunal esperamos que la Corte aproveche este caso para dictar una sentencia conforme a los estándares de derechos humanos, que no solo anule la condena de la joven sino que tenga efectos de no repetición. El caso de Belén reveló una serie de prácticas institucionales que perpetúan la violencia de género”, aseguraron.
“El Poder Ejecutivo de Tucumán tiene también la oportunidad de trazar políticas que garanticen el derecho a la salud de las mujeres que llegan a los hospitales con abortos en curso –sean espontáneos o provocados– o que manifiesten el deseo de acceder a la interrupción legal del embarazo”, agregaron.
“Tucumán no tiene aún un protocolo de atención de embarazos legales, de acuerdo con las indicaciones de la Corte Suprema de Justicia en el caso FAL”, concluyeron.(Agencia Télam)