OPINIÓN. Garantizar el “cifrado” es defender nuestros derechos
Por Leandro Ucciferri (*)
Hoy en día, más de tres mil millones de personas en todo el mundo tienen acceso a Internet. En Argentina, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), más de 17 millones de hogares cuentan con acceso a internet, y de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) más del 69% de la población es usuario activo de internet, uno de los más altos de América Latina.
El Estado, las agencias y dependencias gubernamentales, las empresas, los bancos, los hospitales, almacenan nuestra información en bases de datos y computadoras cada vez con más frecuencia conectadas a internet. Los dispositivos que utilizamos todos los días, como nuestros smartphones y computadoras, a los cuales se suman otro sin fin de objetos del mundo del ‘internet de las cosas’ (Internet of Things), desde relojes y televisores, hasta automóviles, tostadoras, lavarropas, y hornos, almacenan y transmiten constantemente información personal a medida que vamos incorporándolos como parte de nuestra rutina y actividades cotidianas.
Este constante uso de dispositivos genera un inmenso flujo de datos, en forma de emails y mensajes, fotografías, notas, listas de pendientes, sitios web que visitamos, información de nuestras tarjetas de crédito y actividad bancaria, registros de salud, a la vez que también reflejan nuestros gustos musicales y de entretenimiento, creencias religiosas, y orientación política, por mencionar tan solo algunos. A medida que vamos involucrando cada vez más en nuestras vidas a nuestros smartphones, computadoras, tablets, estos dispositivos -gracias a la información y datos allí almacenados- se van convirtiendo en una representación digital de nuestra personalidad, de nuestra identidad como individuos. Así, los dispositivos se vuelven una extensión de nuestra mente.
En este escenario, la defensa y el resguardo de lo que nos identifica, lo que consideramos parte nuestra, cobra un rol aún más preponderante.
El cifrado es un proceso que permite codificar información para que sólo pueda ser accedida por destinatarios específicos o, en otras palabras, las personas que el titular de dicha información determine; puede ser utilizado para garantizar la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de esa información, lo que implica asegurar la privacidad de las personas que utilizan esa tecnología.
Es por esto que el cifrado nos permite ejercer control sobre nuestra información, principalmente poder determinar qué queremos compartir y con quién, impidiendo e identificando injerencias de terceros; es gracias a éste que podemos generar una zona de privacidad que nos permita resguardar todo lo que generamos a través de nuestros dispositivos.
Sin el cifrado se facilitaría la vigilancia, tanto masiva como dirigida. Nuestra información para iniciar sesión (como usuario y contraseña) y proteger nuestras cuentas en redes sociales, email, en definitiva cualquier servicio web que lo requiera, podría ser fácilmente robada por todos los intermediarios que se encuentren en nuestra conexión a internet; en igual sentido, los datos de nuestras tarjetas de crédito e información bancaria al momento de comprar online, si no estuviesen protegidas por el cifrado, podrían caer fácilmente en las manos de cualquier persona.
El cifrado permite a profesionales cumplir con su deber de reserva y confidencialidad (como abogados, contadores, profesionales de la salud, etc); ayuda a periodistas a preservar la identidad de sus fuentes y asegurar la información que los mismos les facilitan evitando su robo o adulteración; protege la infraestructura del Estado y las empresas, y toda la información que manejen, así como también a los servicios críticos como la luz, el agua, el gas, el transporte, la energía nuclear las comunicaciones; permite la denuncia de actos de corrupción y abusos de poder, protegiendo la integridad física de las personas involucradas.
La privacidad es un derecho fundamental consagrado no solo en nuestra Constitución Nacional, sino también en los principales tratados internacionales de derechos humanos, los cuales comparten igual jerarquía. Esto implica que, si bien no hay en nuestra legislación una ley específica que se refiera sobre el cifrado, tenemos las bases legales suficientes como para determinar que el Estado tiene el deber de garantizar la privacidad de las comunicaciones y de nuestros dispositivos, siendo el cifrado la mejor manera de poder asegurarlo. En tal sentido, la ONU ha dicho en varias ocasiones que “los mismos derechos que las personas tienen offline también deben ser protegidos online”, principalmente la privacidad y la libertad de expresión.
Garantizar el cifrado es una forma de asegurar el goce, ejercicio, y respeto de derechos humanos. En tal sentido, no garantizarlo implicaría que tanto el Estado, como las empresas y cualquier persona con los medios suficientes, puede interferir en nuestras comunicaciones y dispositivos, en definitiva, se puede entrometer en nuestra vida privada.
(*) Abogado e investigador de las áreas de Privacidad y Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
