Ocho de cada diez personas con VIH tienen dificultades para hacer público su diagnóstico
Casi 8 de cada 10 mayores de 16 años que viven con VIH reconocen tener dificultades para hacer público su diagnóstico, un 17% tuvo que realizarse el test para ingresar a un empleo y el 42% dudó en iniciar o retrasó el tratamiento por miedo a lo que pudieran pensar los demás, según el estudio “Índice de Estigma y Discriminación hacia las personas con VIH en la Argentina 2.0” presentado hoy.
“Esto es solo el comienzo, es evidenciar lo que vivimos día a día las personas con VIH para seguir reclamando una ley integral de repuesta al VIH que contemple a todas las vivencias y los colectivos, para seguir pidiendo más derechos y campañas de sensibilización”, dijo Emir Franco, presidente de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP) que llevó adelante el estudio.
En el marco de una videopresentación del informe, Franco enfatizó que es importante alcanzar “no solo la cura médica sino la cura social, que es lo que también necesitamos para que nos dejen de discriminar y estigmatizar en todos los ámbitos”.
En la Argentina hay 136 mil personas seropositivas, aunque un 17% de ellas lo desconoce, según la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del ministerio de Salud.
Cada año son diagnosticados 4.800 nuevos casos en el país, y si bien por cada mujer hay 2,3 varones con diagnóstico seropositivo, ellas son “las mayores víctimas de estigma, discriminación y violencia por razones de género”, dice el informe.
Basado en entrevistas realizadas a 948 personas positivas del AMBA, NOA, NEA y Cuyo, el estudio contó con la supervisión técnica del Ministerio de Salud de la Nación, y el INADI; y el apoyo de ONUSIDA y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El estudio evidencia que las poblaciones con VIH más afectadas por el estigma, la discriminación y la violencia en todos los niveles son las mujeres trans (18%), las mujeres de pueblos originarios (54%) y las mujeres migrantes internas (48%).
Un 16% del total de la muestra percibió negativamente la revelación de su estado serológico a personas cercanas (familiares, amistades y parejas).
Esta experiencia se vio intensificada en las regiones de NEA (27%) y NOA (28%) y la reacción negativa fue más común cuando el anuncio fue hecho por mujeres cis (22%) y personas heterosexuales (22%).
La problemática se acentúa cuando los interlocutores fueron personas no cercanas (39%).
Un 10% de las personas encuestadas fue excluido de reuniones sociales por su estado serológico y la proporción es mayor cuando se considera a las mujeres trans (18%) y las mujeres que tienen sexo con mujeres (16%).
Por otro lado, el 16% aseguró haber sido obligado a hacerse la prueba del VIH o a divulgar su estado serológico para postular a un trabajo u obtener un plan de pensión.
Si bien hay un marco legal que ampara los derechos de las personas con VIH, todavía 2 de cada 10 encuestados desconocen la existencia de Ley de SIDA (23.798).
Además, el 78% manifestó tener dificultades para hacer público su diagnóstico, lo que se ve acentuado entre las mujeres que tienen sexo con mujeres (86%) y las personas migrantes internas (84%).
Además, el 30% de las personas encuestadas dijo haber dudado de hacerse la prueba de VIH por miedo a que otras personas lo supieran, siendo las personas menores de 24 años (43%) y las mujeres trans (40%) las más afectadas.
Por otro lado, un 42% de las personas encuestadas dudó o retrasó el inicio del tratamiento por miedo a lo que pudieran pensar los demás.
Las personas con secundario incompleto y aquellas con necesidades básicas insatisfechas, con un 49% de los casos en cada una de estas poblaciones, fueron las que más refirieron esta situación.
En cuanto a los servicios de salud, el 13% de las mujeres encuestadas afirmó que allí le habían aconsejado no gestar y el 11% de la muestra dio cuenta de situaciones en las que el personal de salud evitó tener contacto físico, la situación de estigma más declarada por las personas encuestadas.
De la presentación participaron también Fabio Núñez y Marysol Orlando del Ministerio de Salud y Diego Borisonik, por el PNUD.
