Macri quiere avanzar sobre la ley democrática de Medios sin pensar en costos políticos
“Vamos para adelante”, dijo el Presidente a sus colaboradores.
Mauricio Macri escuchó en silencio los argumentos de quienes querían dar el paso ahora y después el de quienes optaban por posponer la decisión. “Vamos para adelante ahora”, dijo el Presidente, según contaron dos testigos de esa reunión, a principios de semana, en la que el Gobierno decidió tocar una de las “vacas sagradas” del kirchnerismo y sus doce años de gestión: la ley de medios.
Quienes frecuentaron a Macri en las últimas horas coinciden: lo vieron “decidido a hacer lo que hay que hacer”, aun a riesgo de motivar, con la fusión de la Afsca y la Aftic en el nuevo Ente Nacional de Comunicaciones, el enojo de la ex presidenta Cristina Kirchner, activa como nunca en su nuevo rol de pretendida líder de la oposición.
“Les debemos respeto a los cuarenta millones de argentinos, no estamos pendientes del humor de una sola persona”, contestó uno de los responsables del nuevo diagrama de medios, que encabezará Miguel de Godoy. El razonamiento -compartido cerca del jefe de Gabinete, Marcos Peña- era que “éste es un paso que va en la dirección que la mayoría de la gente quiere”, más allá del mecanismo utilizado: otra vez un decreto presidencial.
En el entorno del jefe de Gabinete se explayaban sobre las ventajas de los cambios anunciados en conferencia de prensa. “Había que frenar el deterioro del sector, reactivar inversiones, marcar un camino hacia la convergencia de los sistemas y, a la vez, sentar doctrina de libertad de expresión y una relación sana con el periodismo”, afirmaron ayer en la Casa Rosada.
Una jugada ambiciosa
¿Y los tiempos? ¿Era deseable hacerlo en momentos en que la relación con el anterior gobierno es de rispidez extrema? “Es una jugada ambiciosa, pero en la fusión de los organismos ya se venía trabajando en la Fundación Pensar desde hacía tiempo. Encontramos el momento y lo hicimos”, contaron cerca del Presidente.
Doblar la apuesta en la áspera pelea con el kirchnerismo parece ser, entre los funcionarios, la decisión a la que arribó el Presidente. La designación de dos jueces de la Corte Suprema en comisión -postergada para febrero luego de reacciones adversas- y la elección frustrada del diputado Pablo Tonelli como miembro del Consejo de la Magistratura se inscriben en ese mismo sentido. Nadie del Gobierno se sorprendió por la visita intempestiva de Martín Sabbatella, depuesto titular de la Afsca, en la sede de Suipacha al 700, que ponía en duda la asunción de las nuevas autoridades, prevista para el lunes. Horas antes, el kirchnerismo legislativo mostró sus garras al retacear apoyo a Cambiemos para aprobar el presupuesto bonaerense.
“El clima está más que caldeado, pero es ella la que debería ponerse a la altura de las circunstancias”, contestaron desde el Gobierno, con la mente puesta -otra vez- en la ex presidenta, a quien desde la Casa Rosada sindican como responsable de la escalada bélica con su sucesor.
Más allá de la decisión de avanzar sin reparar en la reacción del gobierno saliente, en la Casa Rosada evaluaban de otro modo las iniciativas. “Estamos logrando controlar las variables económicas después de la salida del cepo. Eso es, en última instancia, lo que a la gente realmente le interesa”, afirmaron en un despacho cercano al de Macri. “El anuncio duró dos horas en los medios, después quedó tapado por otras cosas”, aportaba otro funcionario con despacho en Balcarce 50.
“A trabajar. Quiero gente presa”, le repitió Macri, medio en broma y medio en serio, a un funcionario recién ingresado en la función pública que reaccionó con cara de pánico. La decisión de “mostrar autoridad” aun entrando en terreno fangoso parece ser la consigna. “Igual, este de hoy (por ayer) es el último DNU”, prometieron cerca del jefe de Gabinete.
Aunque, se sabe, la realidad es muy dinámica y aún falta mucho para marzo del año próximo, cuando el Gobierno intente conseguir una nueva mayoría parlamentaria que apoye el paquete de medidas (sobre todo económicas) en el Congreso.
Fuente: diario La Nación