Las razones por las que se decidió una apertura escalonada, según el decreto
La disminución en la velocidad de propagación de los casos de coronavirus, el incremento de la capacidad diagnóstica y la detección precoz, y la mejora en la capacidad de asistencia del sistema de salud del país son algunas de las razones esgrimidas por el Gobierno nacional para comenzar, a partir de hoy, una flexibilización del aislamiento social y obligatorio que rige desde el 20 de marzo, con una apertura escalonada de actividades.
Las razones están detalladas en los considerandos del decreto 605/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández y todo el Gabinete nacional, que prorroga hasta el 2 de agosto el aislamiento en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), en Jujuy y el departamento chaqueño de San Fernando; y la fase de distanciamiento social en el resto del país.
Entre esas argumentaciones, se destaca que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional “han permitido mitigar la expansión” de la pandemia en el país, lo que evitó “la saturación del sistema de salud, a diferencia de lo sucedido en otros lugares del mundo”.
El Estado “no sólo ha mejorado e incrementado la capacidad de asistencia del sistema de salud, la adquisición de insumos y equipamiento y fortalecido el entrenamiento del equipo de salud sino que dispuso medidas para morigerar el impacto económico y social”, dicen los considerandos de la norma conocida esta madrugada.
Se indica también que “la tasa de incidencia acumulada para Argentina es de 245 casos cada 100.000 habitantes, de las más bajas de la región americana”, y que se redujo el tiempo de duplicación de casos.
También se evaluó que “la efectividad del aislamiento ha logrado que más del 85% del país se encuentre en la fase de reapertura programada, progresando día a día con cada actividad que se va habilitando como excepción”.
Entre los logros citados, el decreto menciona que “se incrementó un 41% la dotación de camas de terapia intensiva para adultos”, y se dispusieron “29.485 millones de pesos a la atención de la emergencia”.
Asimismo se desarrollaron “más de 350 estudios de investigación en el país de los cuales 63 corresponden a ensayos clínicos” así como cuatro dispositivos de diagnóstico con empresas y científicos nacionales; y se estimuló y apoyó la producción nacional de respiradores, alcohol en gel y elementos de protección.
También se reforzaron las acciones territoriales y de atención primaria y se incrementó la capacidad diagnóstica.
Por otra parte, el Gobierno evaluó que se consolidó y se capacitó a más de 13.000 voluntarios (profesionales y trabajadores de la salud, estudiantes universitarios y empleados estatales) que desarrollan acciones territoriales de atención; y se implementó el plan nacional de cuidado de los trabajadores de la salud.
Asimismo se destaca que se implementó como estrategia de control de contactos estrechos “DetectAr” en provincias y municipios de todo el país.
Respecto de la protección económica, el Gobierno citó los instrumentos como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el crédito a tasa cero para las trabajadoras y los trabajadores independientes registrados y la postergación o reducción de los aportes patronales, así como un salario complementario, en el caso del programa para la asistencia a las empresas y el trabajo (ATP).
“A esto se sumó el pago de bonos especiales para los sectores más vulnerables y los que trabajan cotidianamente para prevenir y contener la epidemia”, reseña el texto.
