La Unión Europea empieza a considerar crear campos de deportación de migrantes en el extranjero
Los líderes de la Unión Europea debatieron este jueves cómo aumentar las devoluciones de migrantes, un asunto prioritario para todos los Estados miembros, que empiezan a considerar la creación de centros de deportación en el extranjero, una posibilidad descartada hace unos años por las dudas sobre su compatibilidad con la legislación comunitaria e internacional.
La política migratoria volvió con fuerza a la agenda de la cumbre europea, después de unos meses de menor protagonismo tras la adopción del pacto migratorio y de asilo el pasado mayo.
Durante la reunión se aprobaron unas conclusiones que invitan a la Comisión Europea a “presentar una nueva propuesta legislativa (sobre retornos), con carácter urgente”.
La UE busca, añade, una “acción determinada a todos los niveles para facilitar, aumentar y acelerar los retornos”; y anima a usar para ello “todas las políticas e instrumentos” de la UE, incluida la diplomacia, la ayuda al desarrollo, el comercio y los visados.
Aunque la idea de los centros para migrantes no es nueva, y de hecho Italia ha estrenado esta semana un acuerdo con Albania en ese sentido, el interés de los países de la UE por esa iniciativa para impulsar los retornos ha ido creciendo.
Este mismo jueves se pudo constatar en un desayuno de trabajo organizado por Italia, Dinamarca y Países Bajos antes del inicio de la cumbre, al que asistieron también la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y otros ocho países (no España).
La reunión sirvió para mostrar la sintonía de esos Estados en política migratoria y en ella Italia expuso su acuerdo con Albania.
Con vistas a la cumbre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dirigió una carta a las capitales en la que hablaba de “seguir explorando” para avanzar en la idea de desarrollar centros de retorno fuera de la UE y llamó a sacar lecciones de la puesta en marcha del acuerdo entre Italia y Albania.
Recogía también otras ideas, como acelerar la aplicación del pacto migratorio, como pide España y proponía también seguir construyendo asociaciones con terceros países.
La UE adoptó el pasado mayo un pacto que pretende gestionar la migración de manera ordenada y previsible.
Sin embargo, muchos Estados miembros creen, como Francia, que a esa compleja construcción legislativa le falta un “ladrillo”: una normativa que haga más efectivos los retornos.
“La Unión Europea se ha quedado a medio camino en su solución a la migración. Por eso, junto con otros países, proponemos medidas más coherentes, por ejemplo, un retorno más rápido de quienes no pueden pedir protección a terceros países o la creación de centros de asilo fuera de Europa”, dijo hoy el primer ministro checo, Petr Fiala.
Los Veintisiete cuentan con una Directiva de Retorno de 2008 y aunque hay una propuesta de 2018 para actualizarla, un buen número de Estados miembros considera que se ha quedado ya desfasada y que se debe tener en cuenta la situación actual, por lo que quieren una nueva propuesta.
Von der Leyen ya ha adelantado que presentar una nueva propuesta legislativa sobre esas devoluciones será la primera tarea del futuro comisario de Interior, puesto al que aspira el austríaco Magnus Brunner.
Según la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) entre enero y septiembre de 2024 se detectaron 166.000 cruces fronterizos por vías irregulares en la UE, un descenso del 42 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.
En la ruta de los Balcanes occidentales y del Mediterráneo se ha producido el mayor descenso de las llegadas, con una caída del 79 y un 64 % respectivamente.
No obstante, hay una subida del 100 % de las intercepciones de personas en situación irregular en la ruta de las islas Canarias, donde en los primeros nueve meses del año se han detectado 30.616 casos y el mayor aumento de toda la UE se ha producido en la frontera oriental de la UE, que registró casi el triple de intentos de entradas irregulares, con un incremento del 192 % en las intercepciones y un total de 13.195 casos.
Por su parte, la tasa de expulsiones de personas que han recibido una orden de abandonar la UE por no tener derecho a solicitar protección internacional está prácticamente estancada desde hace años en torno al 20 % según la Comisión Europea.
En 2023, unos 83.400 ciudadanos extranjeros fueron expulsados a un país fuera de la UE, es decir, el 19 % de todas las decisiones de devolución emitidas durante el año, frente al 17 % en 2022. (EFE)
