La seguridad alimentaria como prioridad
El proyecto votado esta semana en la Cámara de Diputados se plantea como una “reparación histórica” para más de 200 mil agricultores. Define a la tierra como un bien social y establece pautas para posibilitar el acceso de pequeños agricultores.
“Declárase de interés público la Agricultura Familiar (AF), Campesina e Indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva.” El miércoles por la tarde, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto Reparación histórica de la AF para la construcción de una nueva ruralidad, que ahora deberá ser abordado por el Senado. En la Argentina, aproximadamente el 66 por ciento de las unidades productivas (218.868) corresponden a este sector de la economía. La norma contempla un capítulo especial que define a la tierra como “un bien social” y establece las pautas para que el Poder Ejecutivo permita el acceso a este recurso natural por parte de los agricultores familiares, campesinos e indígenas. También se creará un banco de tierras para ser adjudicadas en forma progresiva. De convertirse en ley, deberán suspenderse los desalojos por tres años.
“Es indispensable abordar la AF con un diseño socioeconómico y territorial equilibrado con el mundo urbano y generando condiciones más justas de desarrollo. Es indudable el rol que cumplen estos actores en nuestras provincias, el país y en la economía del Mercosur”, puede leerse en los fundamentos del proyecto.
El tratamiento en el recinto llegó luego de un articulado trabajo entre las distintas organizaciones que formaron parte de su redacción. A la cabeza estuvo la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf), el Foro de Universidades para la Agricultura Familiar, el INTA, la flamante Secretaría de Agricultura Familiar, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Frente Nacional Campesino, las organizaciones de la Mesa de Agricultura Familiar e incluso organizaciones pertenecientes a la Federación Agraria.
La articulación política estuvo presidida por la diputada santafesina Claudia Giaccone (FpV) y el formoseño Luis Basterra (FpV), presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.
“Hace falta que seamos dueños de la tierra en la que trabajamos, que contemos con el título de propiedad que heredamos de nuestros ancestros. Además de la escrituración, proponemos la conformación de un banco de tierras fiscales. Luego hace falta infraestructura para contener el agua a través de estanques, represas, minidiques y perforaciones, y así poder transportar el agua a las huertas, las quintas o como bebida para los animales”, sostuvo Miguel Fernández, presidente del Fonaf.
Las adjudicaciones de tierra se realizarán en unidades económicas familiares, que deberán definirse según los tipos de explotación, la infraestructura regional, la capacidad productiva de la tierra, la cantidad de integrantes del grupo familiar y la situación jurídica dominial de cada uno de los agricultores.
El régimen de reparación histórica contempla una serie de instrumentos de promoción para mejorar la sanidad agropecuaria, y habrá descuentos impositivos progresivos para aquellos agricultores que apuesten por el “agregado de valor en origen”. También se promoverá la creación de un seguro integral “destinado a mitigar los daños y pérdidas sufridas por fenómenos de emergencia o catástrofe, accidentes laborales, pérdida o robo de animales”. En cuanto a la política crediticia, la autoridad de aplicación deberá trabajar con el Banco Nación para la “creación de líneas de crédito específicas, con tasas de interés subsidiadas y garantías compatibles con las características de la actividad”.
“Los créditos de un monto de hasta diez (10) canastas básicas tendrán como requisitos exigibles al productor estar inscripto en el Renaf, en el Monotributo Social y contar con un plan de inversión avalado técnicamente por algún organismo nacional o provincial”, puede leerse en el inciso 6 del artículo 32.
“Se trata de reconocer a la agricultura familiar su condición de partícipe central de la estructura agropecuaria nacional, habitante y actor productivo del territorio rural, principal generador de empleo agropecuario, dinamizador de las economías locales, integrante de comunidades y tramas socioterritoriales, y constituyente insoslayable del paisaje cultural de las regiones del país”, explicó la diputada Giaccone.
La norma también impulsa la realización de ferias locales para acercar al productor con el consumidor y creará el Centro de Producción de Semillas Nativas en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Semillas, para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de la población.
La norma ya fue girada a la Cámara de Senadores. Como primer paso, los integrantes de la Fonaf mantendrán una reunión con el presidente del bloque del FpV, Miguel Angel Pichetto.