La relación de las empresas bahienses con Lázaro Báez por las facturas truchas
El juez Sebastián Casanello, que investiga presunto lavado de dinero del empresario kirchnerista, analiza los informes que tiempo atrás habían elaborado AFIP y Arba, y que involucraba las firmas de las familias Ficcadenti y Ferreyra.
Durante años, sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) habían alertado sobre la multimillonaria operatoria de facturas falsas que se montó en Bahía Blanca y terminó en la contabilidad de Austral Construcciones.
Pero aquellas alertas, que podían exponer el presunto delito precedente para las maniobras de lavado de dinero de Lázaro Báez que investiga la justicia federal, nunca llegaron a ver la luz. Fueron relativizadas o adulteradas en las áreas centrales de la AFIP en Bahía Blanca e incluso en Buenos Aires, según surge de aquellos informes, a los que ahora accedió LA NACION.
La operatoria abarcó cientos de facturas y cheques. El primer relevamiento, que sólo incluyó la mitad de los cheques, arroja cifras que superan los $ 77 millones.
Pero se estima que el circuito completo podría superar los $ 100 millones. Y una firma descuella en los cheques que salieron de Austral Construcciones: la de Martín Báez.
Para el juez federal Sebastián Casanello, quien investiga esas presuntas maniobras de lavado de Lázaro y Martín Báez, y el contador Daniel Pérez Gadín, entre otros, los indicios que llegan de Bahía Blanca pueden resultar decisivos para probar el llamado “delito precedente”. Es decir, cuál fue el origen del dinero negro que luego se buscó blanquear a través de la financiera SGI, La Rosadita.
Para eso, Casanello logró recuperar el informe que los sabuesos de la AFIP emitieron en Bahía Blanca antes de que se disolviera la Regional, se redireccionaran y archivaran las pesquisas, lo que le permitió a Báez salir mejor parado de aquella ciudad. Pero no sólo eso: el juez accedió además a la labor de los técnicos de ARBA, que también hurgaban en esas maniobras tributarias.
sagrada flia
De esos informes surge que los sabuesos de la AFIP y de ARBA habían concentrado sus pesquisas en un grupo de sociedades que montó la familia Ficcadenti de Bahía Blanca. En particular, dos de sus firmas, Grupo Penta y Calvento.
Esas sociedades se sumaron a otras que quedaron bajo sospecha, también bahienses, como Constructora Patagónica Argentina, de la familia Ferreyra, que intermedió entre Penta y Austral Construcciones, tal como reveló LA NACION en octubre de 2014 tras una investigación de diez meses y que provocó la reacción del entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Apenas un día después de aquella publicación, Echegaray convocó a una conferencia de prensa en la que, con el entonces director de la DGI, Rubén Toninelli, defendió su actuación y confirmó que Calvento era “una usina de facturas falsas”, pero evitó referirse a Penta.
Ahora, a la luz de los informes de ARBA y de la AFIP que recuperó Casanello, y a los que accedió LA NACION, surge que Penta era el eslabón clave de aquella operatoria que se montó en Bahía. Porque mientras Calvento firmó contratos con Austral para operar con maquinarias que no tenía (y en sus libros no hay constancias de que las haya alquilado para cumplir con las tareas acordadas), la facturación más elevada y cuestionada pasó por Penta.
De hecho, las respuestas de Austral ante las preguntas de la AFIP y de ARBA sólo acrecentaron las sospechas. Así, por ejemplo, ante los inspectores bonaerenses, Báez explicó por escrito que su constructora recibió facturas de Grupo Penta por $ 2,4 millones, pero a continuación detalló pagos en cheques a esa sociedad bahiense por $ 4,5 millones.
La confusión con los montos no acabó allí. Ante la AFIP, Báez declaró otra cifra más. Dijo que entre mediados de 2010 y de 2011 le pagó a Penta $ 9,5 millones por obras a lo largo de 50 kilómetros de la ruta 39. Es decir, el mismo tramo de la misma obra por la que también contrató y le pagó con cheques a Constructora Patagónica, lo que expondría el doble origen de las facturas truchas que usó Báez.
Para tratar de subsanar esas inconsistencias, poco después el contador de Grupo Penta presentó una declaración “rectificativa” con respecto a Austral Construcciones por la que, de manera retroactiva, informó sobre más operaciones y más cheques de la firma santacruceña. Y en esos cheques, a su vez, aparece la firma de Martín Báez, la de su hermana Luciana y la de uno de los lugartenientes de Lázaro, Claudio Bustos, quien llegó a viajar a Bahía Blanca para solucionar los entuertos con el director regional, Juan Pablo Fridenberg, y un contador de Penta, según reveló LA NACION.
La profusión de cheques que emitió Austral, sin embargo, tampoco mantuvo relación con los movimientos en las cuentas bancarias de Penta. Librados en su mayoría por cifras inferiores a los $ 100.000, se cobraron por ventanilla o se descontaron en una conocida financiera de Bahía Blanca, allanada por el ex juez Santiago Martínez, pero donde los sabuesos miraron para otro lado. En suma, esos cheques nunca ingresaron a las cuentas de Penta y ahora la Justicia procura determinar si todos o parte de esos fondos terminaron en un eventual circuito de dinero negro de los Báez con escala en La Rosadita.
Conclusiones
Pero mientras ARBA y los inspectores de Bahía Blanca de la AFIP detectaban estas y otras inconsistencias, desde Buenos Aires arribaron a otra conclusión. Indicaron que Calvento sí era una usina, pero que Penta no lo era, aun cuando no pudiera demostrar “capacidad económica”. Es decir que esa firma tenía una parte real (la que operaba con Báez) y otra ficticia (la que no operaba con Báez).
A la luz de todo eso, el miércoles pasado Casanello les pidió a las nuevas autoridades de la AFIP que le envíen “un amplio informe” sobre Grupo Penta, Calvento y Constructora Patagónica Argentina, como también otras sociedades sospechadas.
Casanello ordenó ese informe a pedido de la diputada Margarita Stolbizer, quien actúa en la causa como “amiga del tribunal” y sospecha que esas sociedades bahienses le permitieron a Báez “evadir millones de pesos en impuestos o camuflar sobornos”.
Fuente: diario La Nación
