La justicia mexicana confirma el asesinato de los 43 estudiantes
La fiscalía general mexicana confirmó que los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en el estado sureño de Guerrero fueron asesinados por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, según declaraciones de los tres nuevos detenidos que se declararon autores del crimen.
Agustín García reveló a la Procuración General de la República (PGR) que trasladaron a un grupo de más de 40 personas y “los llevaron al basurero de Cocula. Algunas de las personas que se llevaron (ya) iban asesinadas”.
Los nuevos detenidos, explicó el fiscal, citado por el diario capitalino La Jornada, señalaron que ahí asesinaron a los que aún estaban vivos y luego a todos les quemaron con gasoil y algunas otras sustancias, y eso empezó desde las 12 de la noche hasta las tres de la tarde del día siguiente (27 de septiembre).
Alrededor de 15 de las personas entregadas a los miembros de Guerreros Unidos murieron de asfixia tras ser llevados todos a la zona del basurero de Cocula a bordo de una camioneta propiedad de Gildardo López Astudillo, informó el procurador.
Los detenidos señalaron que una vez que los estudiantes fueron incinerados, un integrante de Guerreros Unidos identificado como “El Terco” ordenó que los restos fueran triturados y luego lanzados al río Cocula.
Las últimas investigaciones de la PGR obtuvieron testimonios de que el fuego que se inició para incinerar al grupo de personas que les fue entregado, se dejó ardiendo hasta alrededor de las 2 de la tarde y luego regresaron “a limpiar” el lugar.
Los detenidos fueron llevados por la PGR a la zona del río Cocula y al basurero homónimo para que mostraran cómo se habían realizado las acciones que dicen hicieron contra el grupo de personas que le fueron entregadas.
En el río Cocula se encontraron bolsas con los restos y cenizas de lo que presuntamente fueron las víctimas que les entregaron los policías de Cocula e Iguala a los Guerreros Unidos tras el ataque de uniformados y narcos a estudiantes de Ayotzinapa, que dejó además un saldo de seis muertos y 25 heridos.
La identificación de los restos, según dijeron los peritos de la PGR, será muy difícil, pero el procurador aseguró que continuarán y realizarán todos los trabajos periciales que sean necesarios para identificarlos.
Murillo Karam expresó que “han sido 33 días muy difíciles, sobre todo para los que no saben del paradero de sus hijos”, pero refirió que en ningún momento se ha dejado de investigar. El procurador señaló que ya han dado toda esta información a los familiares.
La reunión entre el procurador y los padres se realizó en privado en un hangar de la aeropista de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, 280 kilómetros al sur de la capital, durante unos 40 minutos.
Al salir, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, se limitó a decir que Murillo Karam les había dado noticias “delicadas”.
Los familiares salieron en grupo y se subieron a autobuses para dirigirse hacia la escuela de sus hijos, la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ubicada cerca de Chilpancingo. También tienen previsto informar más tarde a la prensa, reportó la agencia DPA.
Afirmó que María de los Ángeles Pineda Villa y su esposo, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca son investigados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Él fue consignado (detenido preventivamente) y ella se encuentra arraigada (con arresto domiciliario).
Indicó también que los policías municipales de Iguala se encuentran relacionados con el homicidio de cuatro personas, cuyos cadáveres fueron encontrados en fosas ubicadas en la zona de Pueblo Viejo, en los alrededores de Iguala, donde se encontraron restos de 28 individuos.
Según las investigaciones realizadas, los participantes en el asesinato de las personas tenían la intención de “no dejar un sólo rastro de lo que hicieron, pues toda la ropa que usaron en el evento los homicidas también fue quemada, y las víctimas fueron incineradas con las prendas que llevaban puestas.
