La Hidrovía queda bajo la conducción de la Administración de Puertos durante un año
La decisión del Gobierno de dejar a la Hidrovía Paraguay-Paraná por los próximos 12 meses bajo control estatal, quedó oficializada este jueves con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 427/2021 que lleva la firma del presidente Alberto Fernández.
Este le otorga a la Administración General de Puertos (AGP) la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado, y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.
Para ello, el mismo decreto incorpora como segundo párrafo del artículo 5° del Estatuto Administración General de Puertos, que el organismo “también podrá asumir la concesión de obras y la administración, prestación de todo tipo de servicios de mantenimiento y operación de las vías navegables que se le otorguen o se le encomienden, realizando los actos que le corresponda ejecutar en tal carácter, por sí o a través de terceros”.
Además, precisa que la AGP deberá incorporar “al personal que, a la fecha de finalización de la actual concesión, se desempeñare prestando servicios para la misma”.
Por su parte, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, afirmó que ahora se inicia el proceso para el llamado a licitación para “sostener esta red troncal tan vital para la economía de nuestro país”.
“Tenemos que empezar a diferenciar algunas cosas dentro de lo que es la Hidrovía”, aclaró Guerrera a radio Diez, al tiempo que advirtió que “es un conjunto de situaciones que, por ahí, en el debate, se entremezclan”.
En ese sentido, precisó que “lo que le corresponde al Ministerio de Transporte y en este caso a la AGP, es el mantenimiento de la obra civil”.
“Cuando se habla de contrabando, de falta de control y demás, en realidad son situaciones que suceden en la Hidrovía y que tienen en el Estado sus organismos de control, que están con la actual concesión y van a estar con las futuras concesiones”, indicó el ministro.
Remarcó que “esta licitación que está tan discutida, en realidad lo que sí va a abordar con mucha fortaleza, dentro de un año y pico, cuando se termine esta concesión a la que arribamos por la licitación corta, es un Ente de control con una activa y fuerte participación de las provincias que tienen vinculación con el río”.
“Pero tenemos que separar algunas cuestiones cuando hablamos puntualmente sobre qué es lo que se licita en esta primera instancia”, subrayó Guerrera, quien señaló que lo que viene es “elaborar un pliego de condiciones generales, específicas y técnicas para salir con una licitación que va a durar entre doce y quince años, y que va a contemplar justamente todos aquellos aspectos, como por ejemplo la creación del Ente, que lo preveía la licitación vigente, pero que nunca se aplicó”.
El decreto fijó condiciones para la prestación del servicio por parte de la AGP, como un plazo de duración de 12 meses, prorrogable hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación, y el establecimiento de la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento de la misma por tarifa o peaje que percibirá la Administración.
Además, la AGP deberá determinar la delimitación de los ríos, canales, zonas, tramos, trazas y secciones en las que se conformará o segmentará la Vía Navegable Troncal, para que dichos tramos en cualquier momento se puedan afectar o desafectar respecto del alcance y el objeto del contrato, total o parcialmente, en relación con los distintos servicios que se prestan en los mismos.
Del mismo modo, habrá que establecer el procedimiento para la eventual revisión de tarifas o peajes, contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago.
Asimismo, el organismo que conduce José Beni tendrá que precisar el plan de obras a ejecutar y los parámetros técnicos exigidos para su ejecución, como también los niveles de calidad o estándares para la adecuada prestación de los servicios conexos involucrados.
En 1995 las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento del Paraná quedaron en manos del consorcio Hidrovía, integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa; concesión que venció el 30 de abril último y se estableció una prórroga de 90 días para iniciar un proceso para definir el formato o modalidad de operación de la principal vía navegable troncal.
La cuestión de la principal vía fluvial del país fue abordada por el Gobierno desde el inicio de la gestión, aunque como consecuencia de la irrupción de la pandemia de coronavirus en marzo del año pasado, recién a comienzos de éste se conformó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Hidrovía, a cargo de Pablo Barbieri.
También se constituyó el Consejo Federal de Hidrovía, cuya primera reunión fue a fines de febrero en Rosario, y donde confluyeron organismos nacionales, gobiernos provinciales, entidades gremiales empresarias y sindicales, y universidades.
