La Fundación Huésped consideró “maternidad forzada” la cesárea practicada a una niña en Jujuy
La cesárea practicada a una nena de 12 años embarazada producto de una violación, a quien su familia pretendía que se le aplique la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), fue “maternidad forzada”, dijo hoy la Fundación Huésped, a la par que responsabilizó al Estado jujeño por la vulneración de derechos de la niña.
EL COMUNICADO COMPLETO:
“Una cesárea practicada a una nena de 12 años embarazada producto de una violación y un bebé en neonatología no es Interrupción Legal del Embarazo, es maternidad forzada. Un acta de nacimiento y un proceso de adopción abierto tampoco es lo que indica la ley.
“Una niña sin recursos, abusada por un hombre de 60 años, amenazada de muerte, y con un embarazo avanzado que se acerca al Estado que debía protegerla en busca de ayuda y recibe estas respuestas es una niña cuyos derechos fueron vulnerados demasiadas veces. A pesar de que en nuestro país el aborto es legal por tres causales y en su caso se cumplían dos (había sido violada y tenía riesgo de vida), el Estado obligó a una nena de 12 a pasar por una cesárea. A la fuerza.
“A fuerza de `profesionales de la salud´ que no detectaron el embarazo cuando la niña asistió primeramente al centro de salud y, luego, con el embarazo avanzado, obstaculizaron y demoraron intencionalmente la práctica contemplada dentro del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo. A fuerza de intereses políticos, que interpusieron recursos de amparo y que se manifestaron en la puerta del hospital. A fuerza de creencias personales por encima de la salud pública y la ley vigente desde 1921.
“En este caso, el Estado provincial en Jujuy no estuvo ausente. Estuvo presente por acción y por omisión: impidió el derecho de la niña a la educación sexual integral que permite reconocer y denunciar un abuso, obstaculizó el acceso a los protocolos de actuación para estos casos, detallados en los `Lineamientos sobre Abusos Sexuales y Embarazo Forzado en la Niñez y Adolescencia´, violó su derecho a la privacidad. El Estado provincial es responsable.”
