La Corte Suprema le pidió a Gils Carbó que emita un dictamen sobre el tema tarifas
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA INICIÓ EL PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO SOBRE EL AUMENTO DE LAS TARIFAS DE GAS AL SOLICITAR A LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN, ALEJANDRA GILS CARBÓ, SU OPINIÓN SOBRE EL TEMA.
El máximo tribunal resolvió en su habitual reunión de acuerdo de los martes pedir a la procuradora general que emita un dictamen sobre el aumento en las tarifas de gas, dispuesto por el Ministerio de Energía, cuya aplicación fue suspendida por la Cámara Federal de La Plata.
Si bien el dictamen no es vinculante, es uno de los pasos previos del máximo tribunal antes de dar a conocer su posición sobre el tema, y su pedido a la procuradora indica de manera oficial que los ministros ya analizan la causa enviada por el tribunal de segunda instancia platense.
Gils Carbó no tiene plazo para emitir dictamen, pero se estima que será breve ante la gravedad institucional del tema, ya que el fallo en vigencia retrotrajo las tarifas a los valores previos a las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería.
Mediante esas resoluciones, el Gobierno dispuso a partir de marzo la suba de hasta un 2.000 por ciento en las tarifas del gas, según el tipo de consumidor y la región en la que reside, de acuerdo a las denuncias de los usuarios.
Tras el fallo de la Sala II de la Cámara platense, el 7 de julio pasado, ese mismo tribunal habilitó la apelación del Gobierno pero mantuvo el efecto suspensivo de su medida hasta el fallo de la Corte.
La actuación de la Justicia alcanzó también al aumento tarifario de la luz, para el que la jueza federal de San Martín, Martina Forns, hizo lugar a un amparo colectivo y suspendió los incrementos en todo el país.
Los argumentos de los fallos emitidos hasta el momento para frenar el aumento de las tarifas se basan en que el gobierno no realizó audiencias públicas antes de disponer el incremento, como se contempla en los marcos regulatorios para la distribución de electricidad y gas, y que componen una parte del costo de la energía.
El fallo suspensivo de la cámara platense respondió a las apelaciones presentadas por las asociaciones civiles CEPIS y Consumidores Argentinos, y a la resolución del Juzgado Federal de primera instancia 4 de esta capital, que ordenó convocar a una audiencia pública para debatir con los usuarios los aumentos.
La Cámara platense estableció que “la Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana, que refuerza los principios de acceso a la información y a la transparencia de las actuaciones estatales”, al declarar la “nulidad” de las resoluciones del Ministerio de Energía.
Ayer, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, anticipó que el Poder Ejecutivo realizará una “audiencia informativa” para dar a conocer el valor de “la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo”.
Sin embargo, entidades defensoras de los consumidores pusieron hoy en duda la validez de las audiencias informativas que convocará el gobierno, y mientras algunas consideran que esas convocatorias serán una pérdida de tiempo, otras sostienen que no son suficientes para conocer la composición de las tarifas.
Osvaldo Riopedre, abogado de la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios (Adecua), indicó que habrá que esperar a conocer la resolución de las convocatorias, pero estimó que “con el cambio de nombre” (de audiencia pública a audiencia informativa) “no se cumplen los requisitos”.
“Vamos a perder tiempo. Va a haber impugnaciones. Va a haber jueces interesados en que esas impugnaciones prosperen y vamos a retrasarnos 20, 30 días más”, pronosticó.
El abogado explicó que las audiencias previas a un aumento tarifario están fijadas en el marco regulatorio de la prestación de servicios y no son vinculantes.
“Si no hacemos una cuestión tarifaria en serio, donde la tarifa social realmente le llegue a quien le tiene que llegar, se segmente, donde sea progresivo, vamos a estar cuatro años con esto. Va a ser todo el período presidencial. Hay gente dispuesta a que esto no avance”, opinó.
Según el dirigente, “el argumento que usó el Estado para no convocar a una audiencia pública es que no se está haciendo una revisión integral tarifaria”.
“No podemos dejar que los jueces fijen tarifas, es el Ejecutivo” el encargado de establecerlas, expresó Riopedre, y advirtió que la cuestión “es una situación de urgencia para las empresas que no recaudan, y para el usuario”, a quien se le acumulan tarifas impagas.
En tanto, Sergio Procelli, de Consumidores Argentinos, que motorizó el primer amparo contra el aumento de tarifas de gas, sostuvo que las audiencias informativas “no alcanzan”.
“Creo que no alcanzan. Hay que ver lo que se va a concretar dentro de la audiencia y cuál sera la información disponible. Hay que ver qué es lo que compone la tarifa, la de gas y la de electricidad. Vamos a ver si esto de la informativa es para esconder información”, cuestionó.
Procelli explicó que “la necesidad de hacer la audiencia es para conocer el precio real de la generación en el caso de la electricidad, del gas en la boca de pozo, y todos los circuitos que van hasta el consumidor”.(Agencia Télam)
