La Corte cuestionada por su falta de definiciones en las causas de lesa humanidad
La Corte Suprema de Justicia tiene pendientes de resolución más de medio centenar de causas de crímenes cometidos por la dictadura militar, bajo una dinámica de prioridades muy criticada por los organismos de derechos humanos.
A fines del año pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió una declaración en la que habló de “demoras injustificadas” por parte de la Corte para resolver los recursos pendientes.
“Es necesario y urgente que la Corte, como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, se imponga a sí misma la obligación de resolver a la brevedad todas las causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran pendientes”, señaló la organización no gubernamental, una de las más involucradas en los procesos de memoria, verdad y justicia.
Uno de los expedientes más relevantes pendientes en la Corte tiene que ver con el recurso de queja presentado ante el fallo de la Cámara de Casación que en 2015 revocó el procesamiento del dueño del “Ingenio Ledesma”, Carlos Blaquier, y su socio Alberto Lemos, por los delitos cometidos por militares y civiles durante la célebre “Noche del Apagón”, ocurrida en Jujuy en 1976.
Si bien las decisiones de la Corte no están sujetas a plazos procesales, la principal queja de los organismos ante las demoras y falta de definiciones jurídicas es que con el paso del tiempo se consagra una suerte de “impunidad biológica” ya que los acusados terminan su vida sin fallos firmes y, por tanto, con presunción de inocencia.
Fuentes de la Corte explican que el nivel de litigiosidad viene escalando exponencialmente en el país en los últimos años pero que, pese a ello, se producen más sentencias anuales, como se hizo entre 2018 y 2019 cuando se pasó de resolver poco menos de 8 mil expedientes a casi 30 mil.
En el cuarto piso del Palacio de Justicia también argumentan que el servicio de justicia se complicó y lentificó por la pandemia y todo ello en un marco de “judicialización de la política” que, dicen, no colabora con un perfil de Corte más ejecutivo.
Precisamente uno de los aspectos más criticados de la Corte durante el 2020 fue la convocatoria a “acuerdos extraordinarios” de los cinco miembros del tribunal para intervenir en las demandas de los camaristas trasladados Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que resistían la directiva del Consejo de la Magistratura y el Senado de volver a sus juzgados de origen por falta de acuerdo en sus designaciones.
Invocando el artículo 71 del reglamento de justicia, que faculta al presidente del máximo tribunal a convocar acuerdos, Carlos Rosenkrantz (designado en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri) forzó la intervención en los pedidos de Bruglia y Bertuzzi por considerar que era responsabilidad del cuerpo “dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces”.
En contraste con esta celeridad para intervenir y definir, los organismos evocan el caso del recurso de queja que interpuso ante la Corte el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia de Casación que apartó a dos miembros del Tribunal Oral Federal 5, que juzgaban al represor Horacio “Pantera” Ferrari por crímenes contra la humanidad perpetrados en la ESMA.
La Corte se tomó un año para rechazar, sin explicaciones, el recurso de los fiscales y Ferrari quedó afuera del juicio por estas complicaciones procesales que aprovechó su defensa.
Otro de los reclamos a la Corte es la puesta en funcionamiento de la “Comisión Interpoderes”, creada en 2008 por la misma Corte, para agilizar y resolver los problemas que surgieran en las causas de lesa humanidad y cuya última reunión se celebró en 2016.
Cuatro años después, en mayo del año pasado, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó a la Corte la “puesta en funcionamiento” de la comisión, como un modo de buscar la reactivación de los juicios luego del parate obligado por las restricciones sanitarias impuestas ante la pandemia de coronavirus.
La Corte recogió el guante y convocó a la comisión para el 8 de octubre, en una sesión con pocos miembros ya que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, declinaron la invitación por considerarla “oportunista”.
Tampoco participó Estela de Carlotto, quien señaló en la oportunidad que “la reunión la pedimos en mayo y recién llega ahora cuando la Corte está tan cuestionada: no queremos ser mal pensadas sobre la convocatoria de Rosenkrantz justo ahora, pero tontas tampoco somos”.
