La Cámara Federal porteña deberá resolver qué juez investiga a la mesa judicial de Cambiemos
La Cámara Federal porteña deberá definir cuál será el juez que quedará a cargo de investigar la causa por las presuntas presiones sobre magistrados ejercidas por la “mesa judicial” de Cambiemos, luego de que hoy la jueza María Eugenia Capuchetti rechazara tramitarla en su juzgado.
El caso tramitaba hasta la semana pasada en el juzgado de Sebastián Ramos, impulsado por el fiscal Ramiro González, pero la semana pasada el juez había decidido inhibirse y remitirlo al tribunal que encabeza Capuchetti, tras detectar que allí tramita una causa anterior sobre presiones a jueces laborales.
El criterio utilizado por Ramos fue el mismo que había aplicado la Cámara Federal porteña cuando determinó que fuera ese juez y no el magistrado Daniel Rafecas quien tramitara la causa, porque la primera denuncia contra la mesa judicial había llegado a su juzgado.
Sin embargo, la jueza Capuchetti sostuvo que no le correspondía quedarse con la causa que investiga las supuestas presiones indebidas que Cambiemos habría ejercido sobre la justicia porque, a pesar de tener un expediente anterior, el caso en el que intervino Ramos estaba más avanzado y tenía un objeto procesal más amplio, indicaron fuentes judiciales.
En ese contexto, el tribunal de apelaciones será ahora el encargado de determinar en qué juzgado queda radicada la causa que tiene entre los investigados al ex presidente Mauricio Macri, a su jefe de gabinete Marcos Peña y a otros ministros y dirigentes ligados a Cambiemos con nexos con el poder judicial, como el ex presidente de Boca Daniel Angelici.
La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigue el papel que jugó la llamada “mesa judicial” durante la gestión de Cambiemos e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo del ex presidente Macri.
En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza Ana Figueroa, quien dijo en un programa de la Radio AM750 que en 2015 recibió la visita de un funcionario del ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración testimonial) que le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum con Irán.
Los denunciantes sindicaron como “responsables de los hechos” a los funcionarios “de altísimo nivel en el gobierno del presidente Macri”, que integraron lo que públicamente se conoció como “la mesa judicial” de aquella administración.
En ese sentido, apuntaron al ex Presidente; su jefe de asesores, José Torello; el ex ministro de Justicia, Germán Garavano; el ex Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusella; el abogado Fabián Rodríguez Simón; el ex consejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques; el último Procurador General del Tesoro del anterior gobierno, Bernardo Saravia Frias, el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; y el ex presidente de Boca, Angelici.
En la causa, también quedó imputado el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, luego de que el juez Luis Raffaghelli declarara como testigo que en marzo de 2016 el entonces funcionario visitó la Cámara laboral junto a colaboradores que plantearon “la necesidad de consensuar la doctrina de los fallos y hacerla más previsible en aras de la seguridad jurídica”, lo que fue entendido como un intento injerencia indebida.
En el caso de Peña, fue imputado por el fiscal González luego de que se aportaran al expediente elementos de prueba que lo sindicarían como quien convocaba a las reuniones de la “mesa judicial” que ahora es investigada por la justicia.
