Informarán el veredicto en una causa por delitos de lesa humanidad
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca dará a conocer el próximo 4 de octubre el veredicto en el juicio oral y público en el cual se encuentran imputadas 31 personas por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura cívico militar, informaron hoy fuentes judiciales.
Entre los imputados se encuentran militares retirados del Ejército, ex policías provinciales de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén y ex agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que actuaron en centros clandestinos de detención en perjuicio de 105 víctimas.
La lectura del veredicto, a cargo de los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava, se llevará a cabo el próximo miércoles 4 desde las 17 en el aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS), ubicada en la avenida Colón 80.
Con el veredicto, llega a su fin el cuarto tramo de la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el control operacional del Comando del V Cuerpo del Ejército en Bahía Blanca y alrededores.
Fuentes judiciales explicaron a Télam que, durante el juicio oral y público que comenzó el 11 de octubre del 2016, “se ventiló la responsabilidad de 39 imputados pero por el fallecimiento o razones de salud la cantidad se redujo a 31.
Entre los hechos investigados, se incluyen los casos de 82 personas secuestradas en el centro clandestino de detención La Escuelita, 42 casos de homicidio (en 13 de los cuales la víctima permanece desaparecida), y la apropiación de los niños de María Graciela Izurieta y Graciela Alicia Romero, nacidos durante el cautiverio de sus madres.
En el marco de los alegatos, la Unidad Fiscal de Causas de Derechos Humanos pidió penas de prisión perpetua para 24 de los 31 imputados.
Además, los fiscales Miguel Angel Palazzani y José Nebbia pidieron penas de 19, 18 15 y 13 años de prisión para el resto de los imputados, algunos de ellos integrantes del Ejército Argentino, del Servicio Penitenciario Bonaerense, de la Policía Federal y de la Policía de Río Negro.
Los fiscales también solicitaron al Tribunal que los delitos sean declarados de lesa humanidad y de genocidio, que se revoquen las prisiones domiciliarias y que cumplan arresto en una cárcel común.
