Guillermo Moreno irá a juicio por la designación de un síndico en Papel Prensa
La Cámara Federal de Casación declaró “inadmisible” una apelación de imputados por la presunta designación irregular de un síndico en la empresa Papel Prensa que involucra al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.
El máximo tribunal penal había anulado en setiembre pasado un fallo que había absuelto a Moreno y otros ex funcionarios porque “los fundamentos y motivaciones en las que se sustentaron las absoluciones resultan carentes del basamento probatorio”.
Aquella decisión, adoptada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, fue apelada por otros coimputados, el ex titular de la Sindicatura General de la Nación Daniel Reposo y Beatriz Inés Montoya y Fabio Trossero, todos ex representantes del Estado en el directorio de Papel Prensa.
“Los remedios extraordinarios presentados no pueden hallar viabilidad formal, por cuanto no se dirigen contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos”, sostuvo el fallo que rechazó la apelación.
“Los cuestionamientos efectuados por las partes recurrentes remiten al examen de aspectos de hecho, prueba y derecho común que resultan ajenos a la instancia extraordinaria”, añadió el fallo, lo que implica que esas cuestiones deben ser debatidas en el juicio oral.
“No se advierte que la sustancia de los planteos en que los impugnantes fundan sus recursos implique el debate de una cuestión federal debidamente fundada”, resumieron los jueces.
El querellante en la causa es Jorge Carlos Rendo “en su condición de Director de Papel Prensa S.A.”, representado por el abogado Hugo Wortman Jofré.
La causa regresó al tribunal oral integrado por los jueces Sabrina Namer, María Gabriela López Iñíguez y Nicolás Toselli.
En el expediente se investiga una supuesta adulteración de un acta sobre una asamblea de Papel Prensa del año 2010.
La acusación sostenía que el 20 de octubre de 2010, cuando ya había finalizado la asamblea de Papel Prensa, Moreno y el resto de los imputados llegaron al lugar donde se celebraba la reunión e hicieron asentar en un acta la designación de un contador de la SIGEN que certificara los estados contables de la firma.
Según la acusación, esa anotación contradecía lo votado por la asamblea y su incorporación al acta fue apócrifa.
