Guardiacárceles afirman que no se cumplen las medidas de seguridad
La sobrepoblación carcelaria se expresa en números. Al 21 de febrero de este año, las cifras oficiales indicaban que en las unidades penitenciarias, comisarías y detenidos con sistema de monitoreo electrónico, en la provincia de Buenos Aires había 51.258 personas privadas de su libertad. De ese universo, 45.112 se encontraban alojadas en algunas de las 57 cárceles que cuentan con capacidad sólo para 24.100 internos.
Todos los números exceden las posibilidades de atención, seguridad, asistencia y salubridad. La crisis se puede leer desde otra perspectiva: la del personal penitenciario. Se estima que debe haber un guardia por cada preso. Pero un informe oficial al que accedió Clarín dice que por el hacinamiento no están garantizadas las medidas de seguridad, y que los penitenciarios están en “grave situación de vulnerabilidad en materia legal y de salud mental”.
Como las dos caras de una misma moneda, la crisis del sistema carcelario también afecta a los guardiacárceles: cerca de 18.000 trabajadores son los responsables del cuidado directo de unos 44.000 presos.
Un informe oficial alertó que “estamos frente a un caso de sobrepoblación crítica o hacinamiento”. El trabajo también expuso que la proximidad familiar y afectiva de las personas privadas de libertad hace que muchas unidades de un mismo sistema cuenten con “plazas disponibles, mientras que otras –más próximas a cinturones periurbanos- se encuentren abarrotadas y en condiciones inhumanas”.
Esas condiciones causan “graves irregularidades, que van desde el aumento de la violencia intracarcelaria, el deterioro de las condiciones de la prisión, la propagación de enfermedades, lo cual genera múltiples violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, expresa el informe.
Las cárceles, detalla el informe, están colapsadas por la falta de espacio y la “sobrecarga en las cañerías de agua y cloacas, tendidos eléctricos, cámaras frigoríficas”. Y agrega: “Las bombas de agua fallan con cierta regularidad dejando sin suministro a muchas unidades; las cámaras sépticas no dan abasto; las instalaciones eléctricas son caóticas y se encuentran en pésimo estado, por ejemplo: electrocutando muros de vigilancia o espacios en los pabellones”.
Las autoridades admitieron que “no están garantizadas las condiciones mínimas de seguridad” de los presos y del personal. Y en consecuencia, tampoco se garantizan “las condiciones de higiene, programas de salud, acceso a la educación y programas de inclusión socio laboral”.
La falta de espacio también impide separar a los detenidos que están procesados de quienes ya están penados, así como tampoco de primarios y reincidentes. Todo eso dificulta mucho más la tarea de los guardias. (Diario Clarín)
