jueves, noviembre 21, 2024
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Gils Carbó desistió de acusar a un preso que escondía marihuana

Sostuvo que con su consumo no afectó a otros internos; pidió que los fiscales investiguen cómo entra la droga en la cárcel.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, desistió de sostener la acusación contra un preso al que se le encontró un cigarrillo de marihuana de 0,6 gramos en una requisa en el penal. Sin embargo, aclaró que su dictamen “no implica en modo alguno legalizar la droga dentro de las cárceles” y pidió que tanto los fiscales como el Servicio Penitenciario Federal ejerzan sus facultades para controlar el ingreso de estupefacientes en los centros de detención.

Basándose en los fallos “Bazterrica” y “Arriola”, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que despenalizaron la tenencia de estupefacientes para consumo personal y privado, Gils Carbó dictaminó que la conducta del recluso no había “afectado los derechos de terceros”. Tanto el juzgado federal de Río Grande como la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia habían sostenido que el caso estaba contemplado dentro de los estándares establecidos por aquellas resoluciones.

En ambas sentencias, según se informó en el sitio www.fiscales.gob.ar, la Corte consideró que el artículo 14 de la ley 23.737 (que penaba la tenencia de droga para consumo personal) es contrario al artículo 19 de la Constitución Nacional. El máximo tribunal resolvió “la inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”.

La jefa de los fiscales entendió que era necesario dilucidar si el fallo Arriola resultaba o no aplicable al caso. “En la medida en que no está limitado por la circunstancia del encierro y las exigencias del régimen carcelario, los reclusos conservan un ámbito de privacidad protegido por el artículo 19 de la Constitución”, sostuvo.

Gils Carbó dejó en claro que su dictamen no implica una legalización del consumo de drogas en las cárceles, sino que se circunscribe al expediente en el que intervino. “En todos los casos los fiscales deben profundizar las investigaciones para esclarecer cómo ha ingresado la droga a los establecimientos e individualizar a los responsables del tráfico de sustancias prohibidas intramuros”, suscribió..

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