FIFAgate: un fiscal pidió a EE.UU datos de Aníbal Fernández, Abal Medina y Mariotto
La Justicia argentina le pidió a los Estados Unidos toda la información que tenga sobre los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Gabriel Mariotto con relación a la investigación por el pago de sobreprecios por los derechos de comercialización de los mundiales 2014 y 2015, además de los Sub 20 y partidos de la Copa América por los que el Estado desembolsó a través de Fútbol para Todos más de 33 millones de dólares.
El pedido lo realizó el fiscal Gerrado Pollcita, quien ya pidió indagar a los ex jefes de gabinete al juez federal Daniel Rafecas.
El fiscal, además, pidió que la Fiscalía de Distrito del Distrito Este de Nueva York le facilite copia certificada de la transcripción de la declaración que prestó el ex CEO de Torneos y competencias, Alejandro Burzzaco, en las que reconoció que se pagaban sobornos a los ex directivos de la Asociación del Fútbol Argentino.
La fiscalía sostiene que cuando los derechos de televisación de los eventos deportivos internacionales los pagó Futbol para Todos lo hizo con sobreprecios.
El fiscal pidió la colaboración de Interpol para poder traducir el exhorto y enviarlo lo antes posible.
Además, le envió un exhorto a Paraguay para que la fiscalía de ese país le envíe copia de los contratos suscriptos por la Conmebol en relación a la comercialización de los derechos de difusión de la Copa América de 2011 y 2015, y de la Copa América Centenario.
El pedido incluye además una solicitud a la Unidad de Información Financiera para que su par de Uruguay provea los datos de los titulares, beneficiarios finales y directorio desde 2010 a 2013 de las empresas FPT Sports y Productora de Eventos.
Rafecas reasumió la causa que estaba delegada en la fiscalía y analiza los pedidos de indagatoria que hizo Pollcita.
Se los acusa de defraudación al Estado por la compra de los derechos de trasmisión de ocho campeonatos adquiridos a Torneos y Competencias con plata del plan Fútbol Para Todos por más de 33 millones de dólares. El dictamen señala a los ex funcionarios por “obligar abusivamente al Estado de pagar en un plazo menor a dos años U$S 33.050.000 a la empresa “TyC International B.V.”.
