jueves, noviembre 21, 2024
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Escándalo fiscal con Roberto Giordano

Luego de seis años de investigación, la Justicia procesó al peluquero y empresario Roberto GIordano por el delito de insolvencia fiscal fraudulenta. Lo embargaron por $30 millones y le prohibieron salir del país cuando finalice la cuarentena.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, a cargo de Diego Amarante, a raíz de una denuncia penal que realizó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 2014.

El delito por el que se procesó a quien fue una de las figuras más influyentes del mundo de la moda en los años 90 consiste una acción para disminuir, por medio del fraude, el patrimonio propio. Así, evita cumplir con todas las obligaciones tributarias y previsionales.

El peluquero creó una serie de sociedades en las que designó como autoridades a conocidos “sin capacidad contributiva”, pero quien las manejaba era el propio Giordano. De acuerdo con lo que indica el procesamiento, luego desapoderó a estos testaferros de sus bienes y los vendió a valores nulos, bajos o los transfirió a personas sin solvencia económica para hacerse cargo de las adquisiciones.

Durante la investigación, se comprobó también que el empresario ocultó al menos 17 bienes a través de tres firmas: Guildin SA, Adraltior SA, y Nilamar SA. La única finalidad de estas empresas era ser titulares de inmuebles, sin ejercer actividad alguna, y así Giordano impediría el cobro de sus deudas por parte de sus acreedores, entre ellos el fisco nacional.

Mientras tanto, el empresario acumulaba deudas laborales, comerciales, previsionales y tributarias en su cadena de peluquerías.

Además del procesamiento, el juez dispuso la prohibición de salida del país de Giordano, que comenzará a regir cuando finalicen las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Esta no es la primera vez que el empresario se ve envuelto en una causa de estas características. En 2014 fue a juicio por evasión de aportes previsionales de sus empleados por más de $6 millones, pero fue sobreseído en 2018.

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