Elisa Carrió pidió que se investigue si hubo “intereses económicos” en el fallo a favor de Cristóbal López
La diputada apuntó al juez Jorge Ballestero. También solicitó que se determine si familiares de Eduardo Farah trabajaron para el Casino, otra empresa del empresario kirchnerista.
El viernes pasado la Cámara Federal porteña excarceló al empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa por considerar que su libertad no ponía en riesgo la investigación contra el Grupo Indalo por una supuesta estafa millonaria a la AFIP. La carátula pasó de “apropiación indebida de tributos” a “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Uno de los camaristas, Jorge Ballestero, fue puesto en la mira por Elisa Carrió quien pidió que se investigue si hubo “intereses económicos” en su decisión.
En un comunicado dirigido al Consejo de la Magistratura, la líder de la Coalición Cívica recordó que luego de la intervención de Ballestero en diferentes causas durante los ’90, ella lo cuestionó por “la compra de un dúplex en la Avenida Figueroa Alcorta mediante un crédito simulado”.
Carrió pidió que “se realicen las investigaciones necesarias a fin de establecer la posibilidad de que” la decisión de Ballestero de beneficiar la situación judicial de López “pudiera haber estado influido por razones iguales a las advertidas” en los ’90 y que “podrían estar vinculadas con intereses económicos del magistrado”.
Además, también apuntó al juez Eduardo Farah. Exigió que “se dispongan las medidas a fin de determinar si familiares de exdirectivos del Casino Puerto Madero cumplen funciones para el juez Eduardo Farah”. Esa empresa pertenece a López y De Sousa.
La causa del Grupo Indalo
López y De Sousa estaban presos desde mediados de diciembre de 2017, acusados de haberse apropiado de 8000 millones del Impuesto a la Transferencia a los Combustibles (ITC) para financiar la expansión del Grupo Indalo, el holding económico forjado durante el kirchnerismo.
De acuerdo a la investigación judicial, los empresarios tuvierone el aval del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray para quedarse con el dinero que la petrolera Oil Combustibles que debía haberse transferido al ente de ingresos públicos. Así financiaron al grupo, que también tiene medios de comunicación (C5N, Radio 10 y Ámbito Financiero, entre otros), empresas de alimentos y la constructora CPC.
