El Senado pisa el freno en el tratamiento de las leyes de reforma laboral

 

El Senado no activará en lo inmediato el debate de los tres proyectos de ley de reforma laboral que impulsa el oficialismo, debido a la resistencia a discutirlos del interbloque Argentina Federal, compuesto por peronistas dialoguistas, que se apoyan en los dichos de un sector de la CGT que mira la iniciativa con desconfianza.

Aunque desde el oficialismo pretenden convocar a la comisión de Salud -que preside el radical Mario Fiad- para comenzar a discutir el proyecto que crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), no hay señales de que los otros dos proyectos vayan a ser puestos a consideración de los legisladores.

Se trata de las iniciativas para combatir el trabajo en negro y para favorecer la inserción de los jóvenes en el sistema laboral mediante pasantías.

Los tres proyectos fueron presentados a fines de abril por el presidente provisional del Senado, el macrista porteño Federico Pinedo, con el respaldo del Poder Ejecutivo Nacional.

Desde el peronismo, el jefe del bloque de senadores, Miguel Angel Pichetto, advirtió varias veces que sin el apoyo de la CGT (que aún debe definir su división interna) ningún proyecto de índole laboral pasará con éxito por el Congreso.

Ya lo había anticipado el rionegrino a fines del año pasado, luego de que la central obrera no unificara su postura sobre proyectos de similares características presentados por el Ejecutivo y que fueron la antesala de la discusión de la ley de reforma jubilatoria.

“No vamos a tratar ningún proyecto que perjudique el mundo del trabajo. Si es una ley de blanqueo no tienen por qué poner una modificación en las indemnizaciones. Es querer usar el blanqueo para flexibilizar los despidos. De ninguna manera vamos a tratar eso”, dijo el rionegrino el viernes.

En tanto, la CGT emitió un comunicado argumentando que “las modificaciones a la legislación laboral atentan contra los derechos individuales de los trabajadores y disminuyen las indemnizaciones laborales”.

En realidad, la mayor resistencia tanto en el peronismo como en el sector sindical está vinculada con uno solo de los tres proyectos: el de blanqueo.

Si bien la regularización de los trabajadores en “negro” es algo que la oposición ve con buenos ojos, se cuestiona duramente el capítulo que deja afuera de la indemnización al aguinaldo, premios, bonos y otros beneficios.

El proyecto de regularización del empleo no registrado, la lucha contra la evasión en la seguridad social, la registración laboral y la creación del fondo de cese sectorial pretende lograr un blanqueo laboral con beneficios a quienes normalicen esa situación.

Según la iniciativa, quienes cumplan con la ley deberán hacerlo dentro del plazo de 360 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación del proyecto y podrían tener condonaciones de multas de hasta el 100%.

También se crea un Fondo de Cese Laboral Sectorial para sustituir la cobertura en materia de preaviso y despido sin causa del trabajador.

En el caso de las indemnizaciones por antigüedad, el tope indemnizatorio no podrá perjudicar al empleador en más de un 33 por ciento.

En tanto, el proyecto que crea el Sistema Nacional de Formación Laboral Continua también incluye las Prácticas Formativas, la creación de la Red Federal de Servicios de Empleo y del Seguro de Desempleo Ampliado.

Las Prácticas Formativas, o pasantías, están destinadas a los estudiantes mayores de 18 años, para que inicien su carrera laboral en empresas privadas o instituciones públicas.

La Red Federal de Servicios de Empleo, por su parte, pretende agilizar la búsqueda de empleo, mientras que el Seguro de Desempleo Ampliado para trabajadores desvinculados de “Empresas de Transformación Productiva”, está destinado a empresas con dificultades competitivas.

Finalmente, la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) deberá realizar estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar la oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO).