El represor Capitán que viola su arresto domiciliario
Por “razones de salud”, fue autorizado a dar vueltas a la manzana de su casa, ubicada en Sánchez de Bustamante. Pero los recorridos del imputado por homicidios y otros crímenes de lesa humanidad se extienden a más de ocho cuadras.
El coronel retirado Jorge Gerónimo Capitán está procesado por crímenes de lesa humanidad desde diciembre de 2012. Sin embargo, nada le impide caminar por las calles de Barrio Norte, en Capital Federal, con agilidad. No sería una irregularidad si no fuera por la particular prisión preventiva que debe cumplir por orden judicial en su domicilio de Sánchez de Bustamante 1777, entre Güemes y avenida Santa Fe. Las fotografías que lo muestran en ropa deportiva, caminando en soledad, a más de ocho cuadras de su departamento, son contundentes. Lo exponen violando la autorización que tenía para caminar tan sólo vueltas a la manzana de su casa acompañado por una guardadora legal.
Para la justicia federal, Capitán realizó “un aporte esencial para el funcionamiento del centro clandestino de detención La Escuelita” durante 1975, cuando el gobierno de “Isabelita” Martínez de Perón autorizó el Operativo Independencia, en Tucumán. Al militar retirado se le adjudicaron homicidios triplemente agravados, torturas, vejaciones y participación en secuestros durante el terrorismo de Estado. En diálogo con este diario, Capitán rechazó los cargos en su contra y aseguró que está habilitado a caminar por su barrio. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por este diario negaron que se le haya concedido una extensión al recorrido autorizado.
En una decisión polémica, en abril de 2013, el juzgado federal de Tucumán, a cargo de Daniel Bejas, había habilitado al militar retirado a realizar caminatas diarias de 45 minutos por la misma manzana de su domicilio. ¿La razón del beneficio? Padecer, supuestamente, problemas de salud. Según fuentes judiciales, el acusado debía caminar acompañado por su mujer. Dentro del expediente, a los ojos de Bejas, ella es la garante de su detención domiciliaria.
Pero para Capitán las ventajas que le otorgó la justicia tucumana no fueron suficientes. Tal como quedó registrado por una lente fotográfica, el acusado se pasea por las calles del coqueto vecindario, lejos de su domicilio sin ningún tipo de custodia. Su periplo va mucho más allá de la manzana permitida y llega, como comprobó Tiempo Argentino, a casi diez cuadras de su residencia y, a la vez, lugar de la prisión domiciliaria a la que fue condenado (ver infografía).
La permisividad judicial tuvo consecuencias obvias, que fueron capturadas en tres ocasiones a las que accedió este diario, realizadas con meses de diferencia. Los primeros registros corresponden al inicio de la investigación, el 17 de junio de 2014. La segunda serie corresponde al 28 de diciembre del mismo año. Y la última, al sábado pasado.
El recorrido es calcado en cada una de las ocasiones. La ausencia de su “guardadora legal” también.
UN VECINO MÁS
En las imágenes de junio se ve a Capitán vestido con un conjunto deportivo azul y zapatillas blancas, moviéndose con destreza y aparente alerta, cruzando calles, alejado de su hogar. Seis meses después, continuaba con sus caminatas “extendidas” y solitarias.
Las fotos de diciembre lo muestran con vestimenta de verano –short y remera gris–, circulando por la esquina de Sánchez de Bustamante y avenida Córdoba. El procesado vive en Sánchez de Bustamante 1777, a 800 metros de aquella esquina. En la última ocasión registrada, reitera su vestimenta gris. Se lo ve tranquilo y descontracturado, paseándose como un vecino más.
En el barrio es vox populi que un represor sale a caminar con disciplina castrense todos los días, a las 11. Y jamás se circunscribe a la manzana de su domicilio. Sale solo y cada tanto se lo ve subir a un patrullero “cuando va al médico”, comentaron los vecinos.
Acaso, el juez tucumano que accedió al planteo del acusado supuso que era posible que el represor violara el beneficio de la prisión domiciliaria. Eso parece desprenderse de un apartado del procesamiento contra Capitán, que fue firmado dos años atrás.
SOSPECHAS
En un pasaje de ese escrito, el juez libró oficio a la Policía Federal para que cumpla rondas diarias de custodia en el domicilio del ex militar “informando quincenalmente a este juzgado los movimientos registrados en los mismos”. También había pedido que la medida fuera supervisada por el Patronato de Liberados. Según ordenó Bejas, el Patronato tenía que presentarse “semanalmente y sin previo aviso de visita” en el departamento del genocida. Además de Capitán, en aquella resolución, se había ordenado a la Federal vigilar los domicilios de otros tres represores: José Luis del Valle Figueroa, Ernesto Chávez y Alberto Svendsen.
El fiscal Pablo Camuña se había opuesto a la prisión domiciliaria de Capitán y solicitado que fuera trasladado al cárcel de Ezeiza, que tiene equipos y profesionales para atender a represores con problemas de salud. Pero el magistrado decidió hacer lugar al planteo de la defensa.
Para el periodista investigador Pablo Llonto, abogado querellante en diversos juicios de lesa humanidad, “al disponer una prisión domiciliaria, el juzgado tiene que determinar la forma de controlarla. Hay mucha flexibilidad porque no hay un reglamento. En este caso el juez fijó dos mecanismos de control. Pero, ¿se hacen o no?” “Da mucha bronca –agregó– ver a un genocida caminando por la calle. Y eso se agrava: si esa prisión tiene condiciones, ellos se burlan.”
Rodolfo Yanzón, abogado querellante en juicios de lesa humanidad, afirmó a Tiempo: “Está mal que el juez ponga bajo control de la Policía Federal el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Ese control debería ejercerlo el Servicio Penitenciario. Es un mal manejo de los jueces, donde gana el represor que viola la medida de arresto”, opinó. Y resaltó: “La prisión domiciliaria hay que controlarla y el principal responsable de eso tiene que ser el juez. Una persona arrestada que se va diez cuadras sin autorización ni control debería perder el beneficio de la domiciliaria y estar en unidad penitenciaria”, afirmó a este diario.
DELITOS IMPUTADOS
De acuerdo con la imputación fiscal, a Capitán se le adjudican violaciones de domicilio en seis ocasiones; privaciones ilegítimas de la libertad con apremios y/o vejaciones en diez ocasiones; torturas agravadas en diez ocasiones; y homicidios triplemente agravados en cuatro ocasiones. El militar retirado, según fuentes judiciales, se desempeñó como auxiliar de la Jefatura de Operaciones (G3). Revistó como oficial del Estado Mayor del Comando de la Quinta Brigada de Infantería de Tucumán entre el 4 de diciembre de 1975 y el 15 de octubre de 1976. Tuvo un papel central dentro del Operativo Independencia, el prólogo castrense del genocidio que comenzaría durante la dictadura cívico-militar. Cuarenta años después, Capitán camina, manso y tranquilo, por Barrio Norte. La justicia, como en otros casos similares, mira para otro lado.
