El pedido de indagatoria a Lázaro Báez en Bahía podría tener múltiples consecuencias
La acusación del fiscal federal de Bahía Blanca Antonio Castaño hacia el presunto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez, de liderar una presunta asociación ilícita fiscal desde la ciudad para evadir decenas de millones de pesos, podría conllevar múltiples consecuencias inesperadas.
De acuerdo a lo que publica hoy el diario La Nación, “una de las familias bahienses proveedoras de facturas truchas, los Ficcadenti, también trabajó para otras empresas, como Mercado Victoria, del Grupo Elías, que acumuló facturas por más de $ 5 millones, cerca de US$ 1,2 millones al tipo de cambio entonces vigente.”
Castaño también acusó a uno de los hijos de Báez -Martín-, a ocho empresarios locales y a un contador de integrar esa supuesta asociación ilícita, que emitió y usó en facturas truchas de tres grupos de empresas de esa ciudad del sur bonaerense.
“La finalidad de estas organizaciones -afirmó el fiscal sobre esa supuesta asociación ilícita- no es perpetrar una determinada evasión fiscal o previsional, sino brindar sustento a cualquier contribuyente que precise tal mecanismo o logística para evadir, de allí su peligrosidad.”
De este modo, tanto Báez como los empresarios y el contador bahiense afrontan una acusación que podría llevarlos a la cárcel, ya que la pena prevista para ese delito es de entre tres años y medio y 10 años de prisión efectiva.
Según Castaño, las usinas de facturas fueron sometidas a una fiscalización “sesgada y parcializada” de la AFIP para beneficiar a Báez, a quien el fiscal le adjudicó el rol protagónico. “El jefe y organizador no puede ser otro que quien se benefició directamente con toda la maniobra aludida. Todos los actores, funcionarios o no, fueron funcionales a Báez.”