El oficialismo pospone el dictamen sobre la ley de moratoria para construir consensos
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados decidió postergar para el martes próximo la firma de un dictamen del proyecto de ley de moratoria impositiva y previsional, que contempla la posibilidad de regularizar deudas fiscales acumuladas hasta el 30 de junio pasado, para avanzar en un despacho de consenso con la oposición.
De esta manera, se postergará la sesión hasta el próximo miércoles y jueves y no se descarta sumar a esa sesión la ampliación del Presupuesto 2019 para reforzar partidas de asistencia social y laboral, cuyo proyecto enviará el Gobierno en días, indicaron fuentes del oficialismo y la oposición.
La intención del oficialismo es continuar analizando, además del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, doce iniciativas presentadas por diputados de diferentes bloques para avanzar en consensos, y elaborar así un dictamen de mayoría que contemple las distintas propuestas.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo amplía la cantidad de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria aprobada en la ley de Solidaridad Social que sólo era para pymes, para deudas acumuladas al 30 de junio pasado, con planes que oscilan entre las 60 y 120 cuotas.
El presidente de la comisión, el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, al iniciar la reunión anunció que no se emitirá despacho de comisión y detalló que se tomarán “una semana para habilitar la posibilidad de seguir analizando diferentes aspectos de los proyectos para lograr mayores coincidencias”.
Tras precisar que la iniciativa del Poder Ejecutivo busca “generar recaudación por la sustancial caída de los ingresos por el incremento del gasto, que plantean un problema”, el diputado afirmó que “es un buen proyecto que viene a atender un reclamo generalizado” y que “es imperioso y necesario” abordar.
En el cierre de la reunión que se extendió por más de tres horas, Heller cuestionó el premio para cumplidores propuesto por Juntos por el Cambio ya que cuando se incluyó en el blanqueo “significó una disminución de 60 mil millones de pesos de ingresos a las arcas”, pero dijo que “le sonó” bien la propuesta del radical Hugo Romero de que se eliminen las multas para aquellos que las pagaron para cancelar sus deudas.
En ese sentido dijo que en este tema se puede tener “un punto de equilibrio de premiar a los que están pagando y eliminar las multas y punitorios para dar una satisfacción a una demanda y al mismo tiempo tener la prioridad de cuidar las arcas que están muy comprometidas”.
También advirtió que “el consenso no puede ser una trampa que le da a la minoría la posibilidad de impedir que se aprueben los proyectos, debe ser flexible e inteligente” y dijo que si no se llega a un acuerdo “vale la voluntad mayoritaria que es la expresión de la voluntad popular”.
Desde Juntos por el Cambio, Luciano Laspina (PRO) celebró la apertura del debate “sin un plazo para tener una discusión educada y criteriosa”, y consideró que esta moratoria “es tal vez una de las más justificadas por la gravedad de la situación de los contribuyentes impedidos de poder trabajar” por la pandemia.
Laspina pidió que se excluya de la iniciativa a las empresas de combustibles que están con procesos judiciales por la retención de impuestos, al sostener que “parece un traje a medida para los intereses de OIL combustibles”, tras adelantar que envió una nota a la AFIP para que opine sobre la conveniencia de avanzar en la iniciativa.
También, el radical Luis Pastori propuso ampliar hasta el 30 de noviembre la moratoria, y sugirió incorporar un tope a la facultad de la AFIP para el posible pago a cuenta que el organismo deberá exigir, así como la no incorporación de los quebrados a la moratoria.
En tanto, desde el Frente de Izquierda, Romina del Plá consideró que se trata de “un salvataje infernal no sólo a medida de OIL sino de todas las petroleras”, y destacó la importancia de que el proyecto de moratoria tenga “una orientación diferente”, al advertir sobre “el enorme nivel de subsidio a las patronales y a los capitalistas en general”.
Por Consenso Federal, el diputado Jorge Sarghini sostuvo que “todas las moratorias son injustas entre quienes han pagado y quienes no han pagado”, aunque consideró que se trata de una medida “necesaria” a la que habría que darle “mucha equidad interna”, es decir que -planteó- “no hay que beneficiar a nadie en detrimento de otros”.
