El Ministerio de Salud de la Nación respaldó a la médica que garantizó el ILE en Salta
El Ministerio de Salud de la Nación respaldó hoy el accionar de una médica que garantizó el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la provincia de Salta y manifestó además su apoyo “a los equipos de salud que cumplen con respeto y profesionalismo” con lo establecido en el marco de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
“Desde la cartera sanitaria nacional se realiza el seguimiento del caso a través de las áreas relacionadas con el objeto de asegurar los derechos de las personas con capacidad de gestar y de los equipos de profesionales que intervienen para garantizar el cumplimiento de la ley IVE en todo el país”, señaló un comunicado de la cartera sanitaria.
De esta forma el Ministerio apoyó a una médica de la localidad salteña de Tartagal, que fue detenida y posteriormente liberada por acceder a garantizar el derecho a la ILE, en el caso de un proceso gestacional de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años, el 24 de agosto pasado.
“Confiamos y apoyamos a las y los profesionales de la salud que se capacitan y trabajan garantizando el acceso a la IVE-ILE y posaborto, respetuosas y respetuosos de la ley, de los derechos, y de la autonomía de las personas”, indicó la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera sanitaria nacional, Valeria Isla.
“Desde que fue promulgada la Ley 27.610 el 14 de enero pasado, la cartera sanitaria nacional implementó una serie de acciones para garantizar el acceso efectivo a la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, entre las que se cuenta la capacitación de los equipos de salud en la realización de prácticas asistenciales”, aseguró.
En este sentido, Isla puso en valor que “venimos trabajando con las directoras y referentes provinciales de salud sexual y reproductiva de manera conjunta para apoyar a los equipos de salud que garantizan el acceso a la práctica IVE-ILE”, y destacó “el rol de la sociedad civil y las redes feministas que acompañan a las mujeres y personas con otras identidades de género para acceder a este derecho”.
El Ministerio de Salud señaló en el comunicado que seguirá el caso particular de la profesional de Tartagal a través de las áreas relacionadas, “con el objeto de asegurar los derechos tanto de las personas con capacidad de gestar como de los equipos de profesionales que intervienen para garantizar el cumplimiento de la ley en todo el país”.
“Desde la sanción de la Ley 27.610 la interrupción del embarazo es legal en la Argentina ante la sola solicitud de las mujeres, hasta la semana 14 de gestación inclusive”, ratificó la cartera sanitaria.
Agregó que, “tal como ya establecía el Código Penal desde 1921, a partir de esa fecha la práctica es legal ante un riesgo para la salud o para la vida de la gestante o cuando el embarazo es producto de una violación”.
La médica detenida y luego liberada trabaja en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, que está a 365 kilómetros al norte de la capital salteña, y a su detención la requirió el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas Gonzalo Ariel Vega, ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo de Héctor Mariscal Astigueta.
La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la mujer.
El fiscal consideró que la profesional no se adecuó a la Ley 27610, de IVE, que dispone en su artículo 4, que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional.
Fuera del plazo dispuesto, existen excepciones contempladas por el Código Penal, de las cuales una es que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante.
En este caso se trata de una ILE.
Las fuentes indicaron que “a prima facie, no surgió del análisis de la historia clínica ninguna de estas causales”.
Pero esto fue desmentido por la Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que en un comunicado aseguró que la médica detenida “ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE”.
