El Gobierno rescindió contratos de la participación público privada de corredores viales
El Gobierno nacional rescindió hoy la concesión de dos corredores viales concretados bajo el esquema de Participación Público Privada (PPP) durante la presidencia de Mauricio Macri, a causa de las irregularidades e incumplimientos de las obligaciones contractuales asumidas por las firmas concesionarias.
Las rescisiones comprenden al Corredor E, que abarca a las rutas N° 9 (Autopista Campana – Rosario) y la Ruta N° 183, en la provincia de Buenos Aires; la Nº 11, la Nº 34, la A-008 y la A-012 en Santa Fe; y el Corredor F, que comprende a la Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta N° 33.
Al hacer el anuncio, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo que el “esquema público-privado del macrismo (que impuso esa modalidad de obra púbica) fue un fracaso y era ruinoso para el Estado, ya que beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron”.
“El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía y esos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos”, agregó Katopodis en su cuenta en la red social Twitter.
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Obras Públicas precisó que llegó a un acuerdo con la contratista PPP conformada por Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, Copasa (España), a cargo de los corredores E y F, en el marco de un proceso de extinción de los contratos que comenzó en mayo con la intimación a las empresas concesionarias de seis corredores viales.
Así, a dos años de la fallida implementación del esquema de PPP, diseñado en la gestión del expresidente Macri, el Gobierno actual inició un proceso de rescisión de los contratos con las empresas que están a cargo de las concesiones de seis corredores viales, frente a la detección de “irregularidades e incumplimientos por parte de las concesionarias en sus obligaciones”, dijeron fuentes oficiales a Télam.
El 27 de mayo pasado, en ese marco, se intimó a las empresas de los seis corredores viales a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos; y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindir los contratos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.
En julio de 2018 se concesionaron seis corredores viales bajo la modalidad PPP y los contratos implicaban que el financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado.
“En todo este período, las obras de fondo no han avanzado y las empresas no han conseguido el financiamiento para construir las autopistas. Luego de más de dos años, las inversiones mínimas y la ejecución física del Plan de Obras Principales llega en promedio solo al 2%”, explicaron a Télam las fuentes.
En ese aspecto, recordaron que esos “contratos debían impactar en el Programa Rutas Seguras que prometía la realización de 4.000 km, pero sólo hicieron seis kilómetros”.
Katopodis, tras tomar la decisión, señaló que “desde el Gobierno mantenemos la misma posición desde que asumimos: defender con todas las herramientas el patrimonio de los argentinos y argentinas”.
“Por eso -remarcó el ministro-, Vialidad Nacional, como organismo rector en la planificación vial, va a realizar las obras que no se hicieron en estos dos años”.
En conjunto, los seis proyectos comprometían una inversión de US$ 5.400 millones en cinco años para la construcción de 3.400 kilómetros de autopistas y rutas.
“Sin embargo -puntualizaron las fuentes-, el costo total era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre US$ 10.000 y US$ 13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país”.
“De esta manera -ampliaron-, este mecanismo de contratación traía aparejado un costo adicional a la construcción de las rutas por el impacto del costo del financiamiento“.
También remarcaron que esos “contratos se realizaron en dólares, tanto para el costo del financiamiento como para la ejecución física de las obras, una política que podría perjudicar la administración de las divisas de la Nación, debilitando las reservas del Banco Central”.
Los contratos incluían, además, la concesión gratuita de la explotación de las áreas comerciales (fundamentalmente estaciones de servicio para venta de combustibles y alimentos).
