El Gobierno reconoció que serán más de 9.300 las personas que pagarán el impuesto a la riqueza
Esta semana, el Frente de Todos avanzó con el tratamiento del “Aporte Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” (Impuesto a la riqueza). La media sanción en la Cámara de Diputados habilita ahora el debate en el Senado. Una de las principales dudas era sobre la cantidad de contribuyentes que estarán afectados. Aunque el Frente de Todos dijo que alcanzaría a no más de 12.000 personas físicas.
La clave está en el valor del dólar que se tomará para el cálculo de los bienes: si es el de finales de 2019 ($63) o el del día de la promulgación de la ley (más de $80). Las personas que deberán pagarlo tienen patrimonios superiores a $200 millones.
En diálogo radial, la titular de la Administración federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, dijo: “Para este impuesto se va a tener que hacer una declaración jurada y presentar cuál es el patrimonio“. En esa línea, reconoció que “el ajuste cambiario va a incidir y probablemente amplíe el universo alcanzado”.
Otro punto clave es la fecha de promulgación de la ley porque cuánto más se devalúa el dólar más contribuyentes con patrimonio dolarizado quedarían alcanzados por el flamante impuesto.
En cuánto a lo que propone el proyecto, la funcionaria aclaró que “nadie va a tener que vender sus máquinas” y aseguró: “El aporte no afecta la producción. Recae sobre la riqueza de los individuos que está financiada”. En ese sentido, agregó: “Tampoco será necesario que vendan los campos. Nosotros observamos que aquellas personas humanas que declaran inmuebles rurales y deberán pagar el aporte, sus campos representan en promedio el 2,7% de su patrimonio. Los datos muestran que esos individuos tienen disponibilidades líquidas que son 25 veces superiores al impuesto que deben pagar”.
“Cuando vemos qué sector de los contribuyentes estaría alcanzado por este aporte con datos a diciembre del año pasado nos da el 1% de los contribuyentes. Es un impuesto progresivo y partimos de que la forma más sostenible y consistente de financiar al gasto público es a través de impuestos y no del endeudamiento”, concluyó Marcó del Pont.
El proyecto establece que la recaudación de ese aporte se destinará un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, 20% a las pymes, 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares, 20% a becas al programa integral de becas Progresar y 25% a programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través de Enarsa.
