El gobierno rechazó críticas de organismos de DDHH a la baja de la edad de imputabilidad
El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, rechazó hoy por “absurdas” las críticas de los organismos de derechos humanos que cuestionaron iniciativas del Gobierno, como la baja de la edad de imputabilidad de los menores, al señalar que ese tema actualmente está regido por una norma dictada por la última dictadura militar.
“Que se pongan del lado de una norma que dictó (Jorge) Videla, (Emilio) Massera y (Orlando) Agosti, y en contra de un proyecto que deberá discutir el Congreso elegido democráticamente nos pone en el absurdo”, dijo Milman en diálogo con radio Continental.
El funcionario explicó que el régimen penal juvenil que está proponiendo el gobierno nacional “tiene más de 100 artículos, y uno solo habla de la edad, y el resto son un montón de medidas socioeducativas para tratar el problema”.
“Pensar que todo el debate es hablar de 16, 15 o 14 años es minimizar la situación de una manera irresponsable”, indicó Milman, quien agregó que la norma actual fue “promulgada en los 80 por la dictadura militar, cuando la sociedad argentina era otra”.
“Hay que repensar la situación y discutirla democráticamente. Decir que hacemos algo violatorio de los derechos humanos y pensar que el gobierno de los 80 tenía una mirada pro derechos humanos es absurdo”, añadió.
Milman defendió también la compra que hará el Ministerio de Seguridad de 300 armas electrónicas tipo Taser, que se utilizarán en principio en aeropuertos y vagones de trenes.
“Bien utilizadas tienen la opción que no generar daños irreparable de la vida. Jurídicamente han sido aprobadas por la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2016. Se utilizan en más de 40 países. Las opiniones de Hebe de Bonafini y de las organizaciones de derechos humanos nos ponen en el absurdo”, insistió.
El jefe de Gabinete de la cartera de Seguridad se refirió de esta manera a las declaraciones que realizó esta semana la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en su habitual discurso de los jueves en la Plaza de Mayo, donde propuso usar las pistolas Taser contra los hijos del presidente Mauricio Macri, de la gobernadora María Eugenia Vidal y de la ministra Patricia Bullrich.
Los organismos de derechos humanos criticaron la decisión de Bullrich en torno a la compra de pistolas Taser, pero Bonafini fue más allá e involucró directamente a los hijos de los funcionarios: “Que los pongan ahí y que les tiren, a ver si no matan. Es la única manera que les voy a creer”, dijo.
También Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, expresó su “preocupación y alerta” sobre los últimos anuncios de política de seguridad realizados por el gobierno nacional, como la compra de armas tipo Taser y la intención de bajar la edad de imputabilidad de los menores, y advirtió que van “en detrimento de los derechos humanos”.
Durante la semana, diversos sectores de la Iglesia Católica, como la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, que integran curas villeros y religiosos, y la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del arzobispado de Buenos Aires, expresaron su rechazo a “cualquier intento” de bajar la edad de imputabilidad, y señalaron que la iniciativa es “demagogia punitiva” y tiene “fines electorales”.
