El Gobierno porteño busca “control político sobre determinadas causas”
Legisladoras porteñas del Frente de Todos alertaron este martes sobre la intención del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de tener un “control político sobre determinadas causas” judiciales, como la del Correo Argentino, a través de un proyecto de ley presentado en la Legislatura que pretende otorgar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño la posibilidad de expedirse sobre las sentencias de los juzgados nacionales ubicados en la Capital Federal.
Las diputadas de la Ciudad por el FdT Claudia Neira y Lucía Cámpora dialogaron con Télam sobre una modificación que Vamos Juntos (VJ), el bloque oficialista en la Legislatura, introdujo de manera “irregular y sorpresiva” en un proyecto de ley que modifica el “régimen de audiencias administrativas y judiciales”.
“En un proyecto que era para institucionalizar las audiencias y las notificaciones virtuales, incorporaron de manera sorpresiva la posibilidad de que se recurra ante el Tribunal Superior de Justicia (de la CABA) por fallos de la Justicia nacional”, alertó Cámpora.
Y tras advertir sobre esa modificación, profundizó: “Es meter por la ventana un tema que no tenía nada que ver con el proyecto que se estaba discutiendo y que, además, es una cuestión sumamente compleja, que ni siquiera corresponde a la Legislatura resolver por su cuenta”.
La diputada se refirió de ese modo a lo ocurrido en la última reunión de la comisión de Justicia de la Legislatura, realizada el viernes pasado, cuando estaba previsto dictaminar sobre una modificación a la “normativa vigente de audiencias administrativas y judiciales”.
En la reunión, el diputado de Vamos Juntos Gastón Blanchetiere anunció que se iba a introducir un nuevo artículo para “otorgarle al Tribunal Superior de Justicia las competencias que le corresponden”.
El artículo mencionado por Blanchetiere establece que los recursos ordinarios de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la CABA pueden proceder “contra las sentencias emanadas de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires o los integrantes de la Justicia nacional de la Capital Federal”.
“Intentan institucionalizar un mecanismo para que las causas terminen en los tribunales amigos del oficialismo de la Ciudad; sabemos cómo se compone el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, tiene hasta funcionarios del gobierno de Mauricio Macri”, denunció Cámpora.
Neira, en el mismo sentido, advirtió que el oficialismo porteño de Vamos Juntos cambió de manera “irregular” el debate sobre un tema complejo, que implica una discusión más amplia sobre la transferencia de competencias de la Justicia y sobre cómo avanzar hacia la autonomía de la Ciudad, “con la que obviamente estamos de acuerdo, pero no de esta manera, sin un tratamiento previo y sin análisis”, remarcó la legisladora.
Al tener ya dictamen, el proyecto de ley impulsado por Vamos Juntos podría votarse el 30 de septiembre, en la próxima sesión de la Legislatura, donde el bloque oficialista que responde a Rodríguez Larreta, a partir del acompañamiento de bancadas aliadas, como UCR-Evolución, Partido Socialista y el GEN, tiene mayoría.
Sin embargo, para la diputada Neira, la acción del oficialismo es “para la tribuna” ya que, de prosperar, “traerá planteos de inconstitucionalidad” y generará conflictos entre jurisdicciones.
“Esta discusión ya se está dando y tiene precedentes -agregó-, como el caso Levinas, que llegó a la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) y tuvo un dictamen del Procurador (General de la Nación, Eduardo) Casal, muy contundente en contra, planteando que hay un proceso de transferencia de la Justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires que no ha culminado y que, en ese marco, avanzar en que el Tribunal Superior de Justicia entienda en causas que provienen de tribunales nacionales debería surgir de una ley nacional”.
Y continuó: “Hoy, cuando tenemos expedientes civiles, laborales y penales que tramitan en tribunales nacionales, poner al Tribunal Superior de Justicia como el que entiende en esas causas parece una forma de tener la última palabra, por parte de la Ciudad, en conflictos en los que le interesa tener una opinión política, como la del Correo (Argentino), por ejemplo”.
La causa sobre posibles delitos cometidos en el trámite de quiebra del Correo Argentino SA, en la que está denunciado el expresidente Mauricio Macri, tramita desde hace años en la Justicia nacional.
En ese expediente, funcionarios del gobierno de Cambiemos (2015-2019) fueron acusados de favorecer a la empresa postal del Grupo Macri.
