El gobierno defendió la segmentación de subsidios y ratificó la protección para los más vulnerables
El Gobierno nacional defendió este jueves su proyecto de segmentación de subsidios para los usuarios de los servicios de gas y electricidad, en el que prevé la eliminación progresiva de ese beneficio para el decil de mayores ingresos de la población y la continuidad de la atención a los sectores más vulnerables, lo que fue parte de la audiencia pública que se desarrolló durante la jornada de manera virtual.
Desde Francia, donde cumple una visita de Estado, el presidente Alberto Fernández también se pronunció sobre el tema al sostener que “la aplicación de la segmentación, una medida muy progresiva, hace que el que tiene pague”, dentro de un esquema en el que “los sectores más débiles van a seguir siendo atendidos”.
El jefe del Estado precisó que “los aumentos se vinculan a cómo evoluciona el salario” y en consecuencia garantizó que “nunca el aumento de tarifas puede ser más alto que el de los salarios”.
“Es muy difícil pensar que la economía pueda seguir subsidiando a los más ricos”, enfatizó el presidente en una conferencia de prensa que ofreció en Paris, previo a su regreso a la Argentina.
La audiencia de este jueves, que tuvo como eje la segmentación de las tarifas en gas y luz, fue la última de una serie de tres convocadas por la Secretaría de Energía, que comenzó el lunes con los precios de producción de gas natural y continuó el martes con la tarifa estacional de electricidad.
Este jueves por la mañana, el subsecretario de Planeamiento Estratégico, Santiago López Osornio, al presidir la audiencia pública, criticó el esquema vigente de subsidios a la energía por considerarlo “pro-rico”, y al sostener que es “uniforme para todos los usuarios sin atender a su situación socioeconómica” por lo que “hay margen para mejorar la eficiencia distributiva”.
“Hoy el Estado cubre más del 75% del costo del gas y electricidad que se incluye en la factura” y como no se realizan distingos por la capacidad socioeconómica, salvo la implementación de la tarifa social, “el 50% de (la población de) mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios a la energía eléctrica”, manifestó.
Asimismo, precisó que el decil de mayor nivel de ingresos destina el 0,9% y el 2,2% de sus ingresos al pago de los servicios de electricidad y gas, respectivamente, por lo que López Osornio propuso “retirar gradualmente los subsidios” a ese 10% de la población con mayor capacidad económica.
Para la individualización de esa franja de usuarios, la cartera energética planteó la evaluación de la asignación de subsidios basada en aspectos socioeconómicos como el consumo de energía, el nivel de ingresos y el patrimonio; o a variables geográficas-espaciales asociadas al valor de la propiedad y la urbanización.
Así, en el segmento de menor nivel de subsidios la definición se define por alguno de los criterios espaciales vinculados a estar ubicado dentro de polígonos de alta capacidad de pago o estar en el registro de urbanizaciones cerradas.
En cuanto a los criterios socioeconómicos, se identificó la condición de tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT); tener 3 o más inmuebles registrados; tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años y tener aviones o embarcaciones de lujo.
Como parte de las exposiciones, el director de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), Daniel Martini, explicó que el nuevo esquema implica modificaciones en los sistemas informáticas y de facturación de las compañías y aún sin conocerse detalles y sobre la base de experiencias similares, estimó “un plazo mínimo de 8 semanas y que tendrá un costo significativo”.
Martini también reveló en la audiencia que en 2022 y por instrucción de Ente Nacional Regulador del Gas se enviaron comunicaciones a más de 3 millones de usuarios para que actualicen su datos de titularidad y la respuesta voluntaria fue de apenas un 2,5%.
Por su parte, el gerente de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adeera), Claudio Bulacio, propuso que “el precio mayorista sea único para todos los usuarios, y que debe subsidiarse únicamente a los usuarios en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica”.
“Dada la gran diferencia actual entre el precio y el costo, este proceso debe ser gradual y previsible para los usuarios y para el sector”, advirtió Bulacio al señalar que “con la reducción de subsidio a la energía, se debe reducir el “subsidio” del VAD que aporta la distribución”.
Otros expositores plantearon una serie de dudas en torno de la propuesta de segmentación de tarifas de los servicios de gas natural y electricidad, por entender que no se cuenta con la información necesaria tanto de las condiciones socioeconómicas de los usuarios como de los costos que deben afrontar las empresas de generación, transporte y distribución.
María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, criticó el criterio de segmentación geográfica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al entender como “un error”, ya que consolidaría una división entre “barrios de ricos y barrios de pobres”.
Para Paula Soldis, del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), “eliminar masivamente los subsidios sin reparar en los costos de las empresas es una estafa al pueblo argentino”.
