El Gobierno da señales a los sindicatos de que podría modificar Ganancias durante abril
Mientras los gremios más duros avanzan en el diálogo para una volver a parar por 36 horas, la CGT oficialista mantuvo reuniones secretas en las que recibió la promesa de que se elevará el mínimo no imponible.
Dijo alguna vez Friedrich Nietzsche que la esperanza es el peor de los males, porque prolonga las torturas de los hombres.
A riesgo de sonar extremo, el influyente filósofo alemán llevaba bastante razón: una serie de reservadas reuniones con lo más alto del poder K devolvieron a operadores de la CGT oficialista la confianza en una muy pronta corrección del impuesto a las Ganancias, el leitmotiv del concluyente paro general del martes.
En el antes y el después de la huelga, la doctora Kirchner y Kicillof sonaron igual de cerrados a cualquier posibilidad de modificar ese tributo, que tal como está hoy regulado reporta casi 100 mil millones de pesos anuales a las arcas del Estado. Más, lo han considerado en su justa medida.
Sin embargo, tan fuerte es el lobby sindical ejercido sobre la Presidenta y su ministro de Economía para que corrijan el impuesto, con el argumento de que “resulta innecesario que Cristina siga pagando un alto costo político” por un tema solucionable, que estarían dispuestos a reconsiderar posiciones. Aníbal Fernández y Carlos Tomada dan alas al intento.
Se considera, desde ya, que no hay tiempo ni ambiente para que el Congreso vote una nueva ley tributaria. Ni hablar de abrir un debate nacional que persiga una solución integral. El contencioso quedaría saldado con un parche; esto es, elevar el actual mínimo no imponible de 15 mil pesos a una cifra que oscilaría entre los 18 y 20 mil pesos de sueldo.
Poco tiempo demandará saber si la central sindical kirchnerista vive de esperanzas o muere de desilusiones. Si el operativo en marcha llegara a buen puerto, la buena nueva sería anunciadaantes del 14 o 15 de este mes, que son las fechas que manejan los gremios del transporte y las centrales de Moyano y Barrionuevo para volver a reunirse y endurecer el plan de lucha contra el Gobierno.
Por carriles separados, aunque con matices, las expresiones del sindicalismo opositor han adelantado que barajan próximas huelgas de 36 horas, amén de ruidosas manifestaciones en Plaza de Mayo.
Pero es obvio que si Cristina informara en breve una adecuación del mínimo no imponible, más allá de alguna crítica puntual sobre el carácter coyuntural de la medida, los mítines sindicales en pie de guerra quedarían vaciados de sentido; como ya ocurrió a fines de 2014, cuando la Presidenta liberó a los medios aguinaldos de pagar Ganancias por “única vez”.
Cristina teme que una conmutación del tributo se traduzca en una corrida al dólar de los fondos liberados y que, además, ponga en peligro la propia financiación de los compromisos del Estado. “Todo lo que le ingresa extra al trabajador argentino va directo al consumo, además con la inflación no queda otra”, dijo realista a Infobae uno de los dirigentes metidos en la difícil empresa de convencer a la Presidenta con ese razonamiento.
Si la doctora Kirchner al fin bocha la idea, tampoco está garantizado que el decreto de una quinta huelga contra aquella salga como por un tubo. Los gremios del transporte se lo van a pensar dos veces antes de volver a paralizar el país para que termine adjudicándose los méritos el dúo Moyano-Barrionuevo, en una de sus calcadas conferencias de prensa.
La última orilló lo desopilante. Fueron notorios los malabares del dueto en cuestión para retacearle el crédito a los gremios del transporte por la masividad que acompañó al paro, en el que las dos CGT opositoras y la CTA de Pablo Micheli jugaron el papel de meros actores de reparto.
Igual se presentaron como los grandes protagonistas de la jornada, buscando imponer los tiempos con llamados a medidas de fuerza más extremas, especialmente Barrionuevo. Fue una representación que pareció estar de más: la foto del país parado había dejado todo dicho.
El colectivero Roberto Fernández y el ferroviario Omar Maturano, dos de los notorios de la central sindical del transporte (el otro es el moyanista Juan Carlos Schmid) ya adelantaron reparos a un huelga de 36 horas. Ponen como condición de un nuevo parate nacional que éste cuente con la aprobación y participación de todas las expresiones del sindicalismo peronista, incluida la CGT de Caló, de la que ambos huyeron hace tiempo.
El de la UTA y el de la Fraternidad interpretan que el espacio transportista se ganó el derecho a manejarse con autonomía. Se sienten con peso específico para transformarse en arietes de la unidad y al mismo tiempo ser determinantes en la edificación de una única CGT, al punto de empujar a uno de los suyos para que la presida.
También saben los gremios del transporte que ningún sector sindical puede asegurar el éxito de un paro si no es con el concurso de ellos. Sugestivo, Maturano presenta hoy alternativas al paro de 36 horas que adelantó Barrionuevo: “Se puede no trabajar los feriados, y no hacer horas extras, hay que ver”, dice.
“Pronto habrá una foto de la unidad en marcha”, confió a este medio uno de los negociadores, aunque aclarando que esas conversaciones deberán incluir “la discusión del modelo de país que queremos, de otra manera será perder el tiempo”.
Más cristinista que Cristina, Caló, que se resiste a la unidad cegetista, hizo todos los deberes después del paro. Ensalzó al modelo vigente, adelantó su apoyo a Diego Bossio como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria y calculó en un “80 por ciento” la asistencia de metalúrgicos a su trabajo el martes del paro, pese a gozar de “libertad de acción”.
¿Habrá computado Caló las persianas bajas en Acindar, en Aluar, y el paro con movilizaciones en los establecimientos del metal en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, entre otras localidades del sur del país?
