El Congreso de Chile garantizó por ley la gratuidad de la educación
Los legisladores le dieron sanción definitiva a una reforma que le pone fin al lucro y al financiamiento compartido con las familias en los colegios que reciben recursos del Estado.
Desde la medianoche del lunes Chile empezó a democratizar el régimen educativo heredado de la dictadura que cesó en 1990, cuando el Congreso le dio sanción definitiva a una reforma que le pone fin al lucro y al financiamiento compartido (Copago) en los colegios que reciben recursos del Estado. Después de cuatro años en los que los estudiantes instalaron el tema en la agenda política, poniendo en apuros al anterior gobierno del presidente Sebastián Piñera (2010-2014), y tras ocho meses de tramitación legislativa, la Nueva Mayoría oficialista logró aprobar el “proyecto de inclusión escolar”, uno de los pilares de la reforma del gobierno.
Desde ahora, las fundaciones y corporaciones que ofrecen educación escolar financiada con fondos públicos no podrán lucrar con esos recursos ni exigir a los padres pagos mensuales que, en muchos casos, superan los 110 dólares mensuales. Tampoco ningún colegio público podrá seleccionar arbitrariamente a sus alumnos, como sucede actualmente, aunque la ley reservó una cierta discrecionalidad en los llamados liceos de excelencia o artísticos.
“Aquí lo que se acabó fue un conjunto de bases ilegítimas dispuestas en dictadura, hoy hemos recuperado la tradición histórica de Chile y las mejores prácticas del resto del mundo, hoy el sistema educativo se ha legitimado en democracia, y eso es un paso fundamental en el desarrollo del país”, dijo el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, tras una larga sesión parlamentaria. Al referirse a la filosofía del proyecto, el ministro señaló que “sienta las bases sobre cómo se organizará la educación en Chile y plantea básicamente el principio de inclusión, esto es, que los niños, a través de sus padres, elijan el colegio al cual asistir y no sean los colegios los que decidan por ellos”.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, explicó que “con esta reforma los niños vuelven a ser la prioridad de nuestro sistema educativo, (porque) con este nuevo marco legal todos los recursos que el Estado destina a la educación terminarán en la sala de clases y no podrán ser desviados a finalidades distintas“. El funcionario agregó que, “adicionalmente, esta iniciativa consagra la gratuidad de la educación particular subvencionada, así por ejemplo, entre los años 2016 y 2018 más de 730 mil estudiantes, cuyas familias hoy deben realizar un copago, van a acceder a educación gratuita, porque el aporte de las familias será remplazado por aporte del Estado”.
La Reforma Educacional que impulsa el gobierno también contempla los proyectos de Política Nacional Docente, de Nueva Educación Pública y de Regulación y Gratuidad de la Educación Superior, entre otras políticas públicas. Con la aprobación de este proyecto, la presidenta Michelle Bachelet logra en menos de un año de gobierno tres de las cuatro más importantes reformas de su segundo mandato, como lo son la reforma tributaria aprobada el año pasado, la reforma al sistema electoral binominal impuesto por la dictadura conducida por el general Augusto Pinochet (1973-1990) y la reforma educativa aprobada el lunes. Sólo resta el cambio de la Constitución vigente desde 1980, también instaurada por la dictadura cívico–militar.
La derecha quiere mantener el sistema electoral
Al igual que sus pares argentinos, el senador derechista chileno Hernán Larraín, uno de los líderes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), acudió a la justicia para pedirle que declare inconstitucional la reforma del sistema electoral binominal, aprobada la semana pasada por el Congreso. El nuevo sistema electoral destierra definitivamente el creado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) con el objetivo de preservar su poder legislativo.
Con el viejo sistema pinochetista las fuerzas de la derecha habían logrado mantener un alto porcentaje de bancas que impedía cualquier intento de reforma de la Constituciónredactada en 1980.
Refirmando a Larraín, el actual presidente de la UDI, Ernesto Silva, dijo que “este mes de enero va a ser recordado como el mes del abuso de la izquierda, que aprobó un sistema electoral con un abuso, imponiendo una mayoría, y la verdad es que este sistema a nosotros nos parece que es abusivo, porque con los votos de una mayoría transitoria cambian las reglas del juego para un período muy largo de tiempo y hacen un traje a la medida de la izquierda”.
