Dictaron falta de mérito para Gustavo Vera en la causa por las máquinas de coser
La Cámara Federal de Apelaciones dictó la falta de mérito para el ex legislador porteño Gustavo Vera en el marco de la causa por supuestas irregularidades en la devolución de dos máquinas textiles que le habían entregado como depositario judicial.
El dirigente peronista era acusado de no entregar en tiempo y forma estas máquinas, que habían sido secuestradas de un taller clandestino y que él debía cuidar para luego “destinar esos bienes para su reutilización social”.
La sala II del mencionado tribunal, integrada por Martín Irúrzun y Leopoldo Bruglia, terminó considerando que no había pruebas suficientes para sostener el procesamiento del líder de la ONG La Alameda.
“Los testimonios sumados recientemente, lejos de superar la incertidumbre ya señalada, siguen reflejando las particulares circunstancias que rodearon el trámite seguido respecto de las maquinarias textiles en cuestión y que, por ende, impiden concluir válidamente sobre la materialidad de los cargos contra Vera”, explicaron los camaristas en su resolución.
Meses atrás, Vera había sido procesado por el juez federal Claudio Bonadio por presunto “peculado”, un delito que prevé una pena de entre dos y diez años de cárcel.
Además, el magistrado ordenó un embargado por 20 mil pesos contra el ex legislador de Bien Común, aunque no le dictó la prisión preventiva.
Puntualmente, a Vera se lo acusó de no restituir los aparatos que habían sido secuestradas de un taller clandestino denunciado por su organización y que habían quedado bajo su custodia y la de Julio Piumato, secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de la Nación.
Según la denuncia, la devolución de las máquinas de cose había sido ordenada en abril de 2016 pero, en su lugar, se entregaron otros aparatos de las mismas marcas.
Es que, de acuerdo con el testimonio de uno de los imputados por el allanamiento al taller clandestino, los equipos habían sido adulterados.
Vera ya había manifestado su inocencia en esta causa al sostener que tenía la autorización del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4 para disponer de los elementos.
“Se omitió valorar las acciones realizadas por la parte para poner los bienes en condiciones óptimas de uso y funcionamiento”, subrayó su abogado en julio pasado. (NA)
