Detienen a dos empleados de educación bonaerense por presunta estafa en trámites jubilatorios
Dos empleados de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense fueron detenidos en las últimas horas acusados de ser responsables de una maniobra de falsificación de expedientes para aumentar la antigüedad del personal que desea jubilarse, informaron hoy fuentes judiciales.
Dijeron que se trata de una mujer identificada con las iniciales LAL y un hombre, con CS, ambos empleados de la Dirección de Jubilaciones y Certificaciones, que el 3 de diciembre fueron denunciados por el Subsecretario de Recursos Humanos de Educación, Ignacio Sanguinetti, por “fraude en perjuicio de la administración pública” y “falsedad ideológica de instrumento público” ante la UFI 15 de La Plata.
En la vivienda de la mujer, se secuestraron dos teléfonos celulares, una notebook y documentación con membretes del Ministerio de Educación; mientras que en la del hombre, en la calle 26, se secuestraron papeles con membretes del Ministerio de Educación, un teléfono celular y una computadora portátil.
La cartera educativa bonaerense detectó irregularidades por las que se aumentaron en forma fraudulenta los años de servicios de más de 70 agentes docentes y no docentes con el objeto de que accedieran a la jubilación.
Los casos detectados ocurrieron entre noviembre de 2017 y septiembre de 2018, pero también se hallaron algunos trámites de jubilación de 2014 “con el mismo patrón de irregularidad”, según la denuncia penal a la que accedió Télam.
Sanguinetti explicó a Télam que la maniobra “se detectó a partir de relevamientos y auditorías” que hace la cartera de Educación en los trámites de certificación de servicios para gestionar la jubilación ante el Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense , proceso que desde hace un año se lleva a cabo en forma digital.
“Este proyecto, que se hace con el IPS, tiene un año. Apenas detectamos las irregularidades, lo denunciamos. Por los hechos, son varios los funcionarios involucrados de la misma Dirección de Jubilaciones, pero también empleados que pertenecían ahí pero están ahora en otras áreas”, dijo el ministro.
“Apartamos a los funcionarios y ahora seguirá adelante el trámite judicial, para lo cual estamos a entera disposición. En tanto, estamos acelerando el proceso de digitalziación para evitar tanto la burocracia y los pasos innecesarios como estas maniobras”, agregó.
Los expedientes de certificación de servicios involucrados en el presunto fraude están paralizados y a disposición de la justicia para su investigación.
Mediante el nuevo procedimiento administrativo y las auditorías se descubrió que 400 cargas de servicios realizadas entre noviembre 2017 y septiembre 2018, que corresponden a más de 70 agentes, no contaban con toda la documentación de respaldo correspondiente y se habían ingresado al sistema de forma irregular.
Entre las irregularidades había certificaciones de servicios con fechas anteriores a la creación de las escuelas y cargos declarados y agentes sin antecedentes en los establecimientos y desconocidos por las autoridades.
Para jubilarse, los docentes debe contar con 25 años de servicio y 50 años de edad, mientras que un empleado tiene que reunir 35 años de servicio y 60 años.