Derecho a ser olvidado en internet: ¿qué es y cuándo se recurre a él?
Es el derecho que tienen las personas a exigir eliminar de internet alguna noticia, dato o imagen que, por el transcurso del tiempo, ha perdido actualidad y, sin embargo, sigue siendo fácilmente accesible para cualquier persona que consulte por el nombre de la persona aludida.
Pero no es así como enviar una solicitud y problema solucionado, sino que se tienen que cumplir algunos requisitos y además depende de la legislación que tiene cada país al respecto.
Se viene hablando del “derecho a ser olvidado” desde antes de la existencia de internet, sin embargo, con su aparición esto se intensificó, porque internet permite que se mantenga información que fue incorporada legalmente hace muchos años “pero que, gracias a este tipo de bases (buscadores), permanecen siendo accesibles con relativa facilidad por los usuarios de dichos bancos de datos”, explica el abogado y profesor de Derecho Civil de la U. de Los Andes, Hernán Corral.
Un caso emblemático
El protagonista del “caso Google” fue el español Mario Costeja González, quien recurrió a la Agencia de Protección de Datos para exigir que se retirara una información que había sido publicada en el diario La Vanguardia en 1998 con enlaces a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social.
Costeja argumentó que el embargo estaba resuelto y que no tenía relevancia. El periódico catalán se había negado a eliminar esa información explicando que había una justificación legal tras la publicación de los datos. Sin embargo, el Tribunal le exigió a Google que eliminara los enlaces de su buscador. ¿Por qué?
El TJUE indicó que el motor de búsqueda (Google) era responsable del procesamiento de la información personal que aparece en las páginas web publicadas por terceros y que, por lo tanto, debía considerar las solicitudes de personas para eliminar los enlaces que aparecen cuando alguien busca su nombre. ¿Y por cualquier motivo?
No, se debe analizar caso a caso, pero esto debería ocurrir solo cuando la información que contengan los enlaces sea inadecuada, irrelevantes o que ya no sean relevantes por el tiempo que ha pasado. El TJUE también indicó que si el motor de búsqueda rechaza una solicitud, esa persona puede recurrir a la justicia o hacer la solicitud a las agencias públicas de privacidad de datos.
¿Y qué ha ocurrido desde entonces?
Luego de la sentencia del TJUE, Google habilitó un formulario (solo en Europa) para que las personas puedan solicitar el derecho al olvido y así cumplir la sentencia del Tribunal.
De hecho, dio a conocer recientemente la cantidad de solicitudes de derecho al olvido de ciudadanos europeos que le han llegado desde 2014: en total 2,4 millones de peticiones, de las cuales Google aprobó el 43,3%. Francia, Alemania y el Reino Unido habrían generado el 51% de todas las apelaciones de exclusión de URL.
Al revisar cada solicitud, Google considera si la información en cuestión es inexacta, inadecuada, irrelevante o excesiva, y un punto muy importante: si existe un interés público en que la información permanezca disponible en los resultados de búsqueda.
Por eso cada caso es analizado muy bien para lograr un equilibrio entre los derechos de privacidad de los usuarios que hacen la solicitud y el derecho del público a conocer y distribuir información. Porque es distinto si una persona “común y corriente” hace la solicitud a que lo pida una figura pública.
