DD HH: impulso a los juicios en Bahía Blanca
El Consejo nombró a Alejo Ramos Padilla como subrogante del Juzgado Nº 1 de esa ciudad.
El Consejo de la Magistratura designó ayer al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, como magistrado subrogante del juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca y allanó el camino a las causas de lesa humanidad que tramitan en aquella jurisdicción. La decisión se tomó en el mismo acto en el que se decidió “no ratificar” las subrogancias que ejercían el abogado Claudio Pontet y el secretario judicial Santiago Ulpiano Martínez, cuestionados porobstaculizar las investigaciones sobre la complicidad civil local con la dictadura. La decisión, que se tomó en una votación apretada, podría derivar en la nulidad de la falta de mérito que Pontet le dictó al director de La Nueva Provincia, Vicente Massot.
Antes de que el plenario del Consejo tomase su decisión –a pedido de la Cámara Federal de Bahía Blanca-, organismos respaldaron ante los presentes el apartamiento de quienes obstruían las pesquisas de lesa humanidad. Entre ellos: Abuelas de Plaza de Mayo; CELS; APDH de Bahía Blanca; HIJOS; el titular de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, Jorge Auat; y el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda.
Estela Carlotto fue contundente en su pedido a los consejeros: “Las Abuelas seguimos caminando, con bastón pero seguimos caminando, no nos arrodillamos. No se arrodillen.”
La votación para no corroborar en el cargo a Martínez y Pontet terminó en empate. Terció la presidenta del Consejo, Gabriela Vázquez. A favor votaron: Vázquez; el secretario de Justicia, Julián Álvarez; Jorge Candis, por el sector académico y científico; los diputados Anabel Fernández Sagasti y Héctor Recalde (FPV); y el senador Ruperto Godoy (FPV). En contra lo hicieron: Luis Cabral y Leónidas Moldes, en nombre de los jueces; Adriana Donato y Miguel Piedecasas, por los abogados; el diputado Gustavo Valdés y el senador Ángel Rozas (UCR).
El apartamiento ratificó la decisión que había tomado por mayoría la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, el 28 de mayo. Ocurre que sendos nombramientos fueron cuestionados por la Unidad Fiscal de DD.HH.
Recalde explicó: “Lo que pasa en Bahía Blanca llama la atención; no hay una actitud digna de los jueces. Es deber del Consejo que haya un buen servicio de justicia.” Y puso el ojo en la delicada situación que atraviesan las causas por la complicidad civil con el terrorismo de Estado: “Hay que tener cuidado. Por ejemplo, (el presidente del Ingenio Ledesma, Pedro) Blaquier está a punto de no ser juzgado porque la Cámara de Casación le levantó el procesamiento.”
El ex fiscal general de Bahía Blanca y consultor académico de la Comisión provincial por la Memoria, Hugo Cañón, quien también expuso ayer ante los consejeros, destacó la resolución: “Es un paso muy importante para que se puedan investigar los crímenes de la dictadura, especialmente las complicidades civiles y eclesiásticas.” “Bahía Blanca -agregó- sufrió enormemente el terrorismo de Estado y los poderes concentrados buscaron siempre la impunidad con el acompañamiento de integrantes del Poder Judicial.”
Cañón resaltó la designación de Ramos Padilla, quien es ajeno a la vida bahiense por lo que estará exento de aquellas presiones. Por caso, Pontet había remplazado a Alvaro Coleffi, el único juez que avanzó contra civiles en esa ciudad y que dejó el despacho por presiones de la corporación judicial local.
A partir del momento en que sea notificado, Ramos Padilla, actual juez federal de Dolores y ex abogado de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel “Chicha” Mariani, asumirá como subrogante en el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca.
Toda una vuelta de página para la jurisdicción.
